Adscripción de psicólogos en los juzgados familiares y penales. Necesidad de apoyo científico en la toma de resoluciones judiciales.

Un enfoque desde la perspectiva jurídica y psicológica.

 

M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma

Lic. Josefa Hedith Andrade Favela

 

 

 

Abstrac

It is suggested that psychology professionals be considered another integral part of the civil and penal courts. This change must be seen as an inevitable part of the process of imparting and administering justice and must not be excluded from any judicial reform that strives for a more comprehensive improvement of the state system. Due to the nature of its profession, the psychologist will bring different tools that the judge can use as support in issuing resolutions. In other words, the judge not only should consider the applicable law involved but, also sustain and justify his judgments based on scientific analysis that would be more appropriate and just. It is restated that said proposal will help expedite the proceedings where the psychologist are involved. It will also help the other members of the judicial system and form an efficient team to solve the enormous amounts of pending resolutions. This proposal would also increase the quality of the resolutions and will offer and more specialized and human service. 

 

Resumen

Se propone incorporar a profesionales de la psicología como un funcionario más en las labores de los juzgados familiares y penales, lo cual debe considerarse como parte inevitable del proceso evolutivo en la impartición y administración de justicia, y no debe excluirse de una reforma judicial que busca de manera integral el mejoramiento de esta función del Estado, pues su vocación lo hace la persona idónea para brindar diversas herramientas en las que pueda apoyarse el juzgador en el dictado de sus resoluciones, es decir se debe buscar que el juzgador, no sólo considere el precepto normativo aplicable, si no también que sustente y justifique sus razonamientos en los análisis científicos que le permitan tomar las decisiones más acertadas y justas. Se afirma que la propuesta citada, contribuirá a la agilización de las diligencias en las que puede participar el psicólogo por cuestiones de su perfil profesional y auxiliará a los funcionarios judiciales, y con ello se haría frente eficaz al rezago existente, y por otra parte, se elevaría la calidad de las resoluciones y se brindaría un servicio especializado y más humano.

 

 

Introducción

El tema que hoy presentamos ha sido discutido desde diversas perspectivas, sin embargo, sigue siendo de suma importancia que en foros tan relevantes como éste, se trate y se haga sentir la necesidad de que las resoluciones judiciales en materia familiar o penal, como en cualquier otra área jurisdiccional se encuentren apoyadas científicamente, trátese de un auto que determina la custodia, hasta aquella que decide sobre la paternidad, la pérdida de la patria potestad, los alimentos, y hasta el divorcio, o aquellas que en el ámbito penal abordan la cuestión de la personalidad, tanto del delincuente como de la víctima, ordenan tratamientos psicológicos o determinan las penas y medidas de seguridad, las que sin duda se aplicarían con un criterio más justo, acordes a las circunstancias personales de los actores del proceso penal; nos referimos principalmente a todos aquellos casos de delitos que involucran o impactan las relaciones familiares.

 

Se trata pues, de dilucidar desde un enfoque jurídico y psicológico, la necesidad de adscribir al profesional de la psicología como servidores o funcionarios en nuestros juzgados, quienes pueden apoyar en la toma de resoluciones judiciales, en diligencias diversas y con en estudios científicos que permitan dar razones que justifiquen las decisiones judiciales, para que éstas mejoren la calidad en la impartición y administración de justicia.

 

En la actualidad encontramos que hay pocos estados de la república mexicana, en los se contempla el apoyo de psicólogos como parte integrante del personal profesional del Poder Judicial, que coadyuvan en diferentes actividades, que van desde la selección de personal, o bien ya integrados a los Consejos de Familia, junto con un equipo de profesionistas multidisciplinario; en donde su función principal es auxiliar al juez o en su caso a los funcionarios judiciales, brindando información psicológica sobre los diferentes actores que intervienen en el proceso litigioso.

 

Hablar de la conveniencia del apoyo científico psicológico en la toma de resoluciones judiciales, nos lleva a pensar en lo que priva en los procesos y procedimientos en la actualidad y sabemos que hasta ahora los tribunales nacionales, por regla general, al resolver cuestiones en materia de familia o sobre delitos que impactan el ámbito familiar, se auxilian por peritos que también por regla general, no forman parte del Poder Judicial y deben ser contratados por quienes tienen interés legitimo en las causas, o bien dependen en gran medida del apoyo que reciben de instituciones gubernamentales como el DIF y las procuradurías generales de justicia de los estados, dependencias que priorizan sus propias cargas de trabajo y postergan las solicitadas por el Poder Judicial, lo que a la vez dilata la toma decisiones del juzgador. Sin menospreciar la labor de estos profesionales, creemos que tenemos razones suficientes para proponer que profesionales de la psicología auxilien a nuestros juzgadores, no como peritos externos a la función, si no como un servidor público más, al servicio de la administración de justicia.

 

La adscripción de psicólogos como servidores públicos en los tribunales, contribuirá a la agilización de las diligencias en las puede participar, por cuestiones de su perfil profesional y auxiliará con ello, a los funcionarios judiciales que tienen la obligación de llevar a cabo el proceso, lo que necesariamente debe disminuir las cargas de trabajo que se presentan en los juzgados, atacando eficazmente el rezago que en materia de impartición de justicia existe en la actualidad, independientemente de que ésta elevaría su calidad y se brindaría un servicio especializado más humanizado.

 

Lo lógico es que esta propuesta pueda recibir quizá, una respuesta negativa, pues la voluntad política atiende principalmente a aspectos presupuestarios, y se podría argumentar que un psicólogo por juzgado familiar y penal, sería costoso o bien que podría buscarse una estrategia, como aquellas que se han dado ya, integrando comisiones o coordinaciones que sirven a la totalidad de los juzgados y áreas operativas del Poder Judicial; sin embargo, aunque esta ponencia no tiene el espacio suficiente para demostrar desde el enfoque económico, la conveniencia de adscribir psicólogos a los juzgados que así lo requieran, estamos convencidas de que una buena planeación nos debe de llevar a buscar el menor costo posible, y si además consideramos que el aspecto cualitativo y humano de tan sensible función de administrar la justicia que incide en el ámbito familiar, es de interés público del Estado, éste no debe de sacrificar esfuerzos en aras de un ahorro, que a la larga sólo arroja mayores problemas sociales.

 

Para poder sustentar estas ideas procederemos a hacer un breve recorrido de los esfuerzos que en esta materia se han hecho en la república mexicana, así como un análisis del campo cognoscitivo y de las habilidades y destrezas de un profesional de la psicología, con el afán de demostrar que puede laborar en nuestros juzgados como un funcionario más y que su apoyo resulta indispensable pues, precisamente, por su vocación puede auxiliar a los funcionarios judiciales de diversas maneras.

 

1. El apoyo científico que el profesional en psicología brinda en diversos tribunales.

 

Nuestra investigación arroja los siguientes datos, respecto a las entidades federativas que sí han logrado instrumentar de alguna forma el apoyo psicológico o multidisciplinario a sus tribunales:

 

 

Estado
Cuentan con Código Familiar
Cuentan con Código de procedimiento Familiar
Su legislación contempla la figura de Psicológos en los Juzgados Familiares
Nombre y cargo de quien proporciona información
Observaciones
SI
NO
SI
NO
SI
NO
CHIH.
x
x
x
Lic. René Chacón González Visitador .
Cuentan con un Departamento. De estudios psicológicos y socioeconómicos
AGS.
X
X
X
Cuentan con Departamento de Psicología
B.C.S.
X
X
°
Lic. Guillermo Rebellino Pérez. Titular.
Cuentan con Area de Psicología y Trabajo Social
GRO.
°

X

Se rige x CPC

X
Lic. Maricruz Rodríguez
HGO.
°
°

°

Consejo de Familia

Lic. Sara Montes: Encargada de Biblioteca.
Existen 7 consejos de familia, multidisciplinarios
NAY.
X
X

°

Area de Psicología y T.S.

Lic. Héctor Manuel Benitez: Director del Instituto.
El área de Ps y TS fue creada por acuerdo del Consejo
GRO.
X
X
°
Lic. Irene Solórzano
Cuentan con Unidad Psicológica
TAMPS.
X
X
X
Lic. Perla Estrda, Titular del Centro de Evaluación y apoyo.
Centro de Apoyo Psicológico (para personal y sus familiares) creado por acuerdo del Pleno.
ZAC.
°
°
X
Lic. Ana María Serrano García. Asistente del Titual.
Su Código Famioiar contempla la figura del Consejo de Familia. Aún no se integra.

 

  

Como podemos observar, en Chihuahua, se ha realizado un magnífico esfuerzo legislativo pues de su Ley Orgánica se advierte la existencia de un Centro Estatal de Mediación y un Departamento de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos (Artículos 16, 18, 42 y 132 de la LOPJCH), que funciona bajo la dependencia del Presidente del Supremo Tribunal y atiende principalmente asuntos relacionados con el área penal y familiar, pues apoyan en los programas de rehabilitación de reos y tienen la obligación de informar cualquier irregularidad en el tratamiento de detenidos y sobre su estado físico y psicológico, además de asistir a las diligencias donde es requerido y auxiliar al juez en su función, independientemente de que pueden realizar estudios psicológicos y socioeconómicos que soliciten las autoridades judiciales o distintas de éstas si son autorizados para ello.

 

En el Estado de Querétaro funciona una Unidad de Psicología que tiene como principales funciones las de: Elaboración de estudios psicológicos y socioeconómicos; atención a víctimas; consultas terapéuticas y convivencias de orientación con padres e hijos, visitas domiciliarias, independientemente de su integración en el campo de los recursos humanos, donde colaboran en la aplicación de baterías con relación a los perfiles del personal y su evaluación. Un esfuerzo real en busca de contar con una normatividad adecuada, pues su Ley Orgánica no refleja su existencia, aunque el artículo 72 de dicho ordenamiento dispone que el Poder Judicial de ese Estado, podrá contar con órganos auxiliares administrativos y estos contarán con un reglamento interior, y por lo anterior, para la realización de peritajes ya sean psicológicos o socioeconómicos, se apegan a las disposiciones de los artículos 615 y 314 Bis de su legislación adjetiva civil. Por otra parte, sabemos que la Unidad de Psicología cuenta con un reglamento de convivencia, y están en espera de que se apruebe el Proyecto de Reglamento de de la Unidad de Psicología del Tribunal Superior de Justicia que ya se encuentra en la Legislatura de ese Estado, el cual se ha visto postergado hasta esperar la aprobación de la nueva Ley Orgánica de ese Poder Judicial.

En Hidalgo, cuentan con siete Consejos de Familia, distribuidos en dicho estado, y sus integrantes, son funcionarios del Poder Judicial, pero sólo actúan mediante petición por escrito del juzgador, se compone de un Presidente (abogado), un medico general, un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social. Su fundamento legal lo encontramos en el Código Familiar del Estado de Hidalgo, y dicho consejo inició sus trabajos con miembros honoríficos y hace 13 años, el Poder Judicial del Estado, los incorpora como funcionarios.

 

En otros estados existen esfuerzos legislativos, en la realidad tenemos que no se han integrado los cuerpos técnicos o multidisciplinarios respectivos y como ejemplo de lo anterior, podemos citar al Estado de Zacatecas, en el que por disposición de su Código Familiar, se contempla la figura del Consejo de Familia, cuya integración se pretende de la siguiente manera: Un licenciado en derecho, quien fungirá como presidente del Consejo, un psicólogo, que actúa como Secretario, un trabajador social, un médico general y un pedagogo. Dicho Comité está concebido para orientar e instruir el criterio judicial, basados en el conocimiento del medio social y en la educación de los miembros de la familia, e informar al juez sobre las causas ignoradas de los problemas suscitados en el ambiente familiar. Tenemos noticia de que aún no logra integrarse tal Consejo en el Estado de Zacatecas.

 

2. Enfoque desde la perspectiva jurídica y psicológica.

Para abordar nuestra temática, es necesario explicar qué es la psicología, para posteriormente introducirnos al concepto y campo de acción de la psicología jurídica, que de paso, ha sido muy analizada y reconocida en España, pues sus universidades cuentan con estudios a nivel de licenciatura en psicología jurídica y en varios de sus tribunales ya se cuentan con una estructura que admite como servidor público a un profesional de esta ciencia. [1]

 

Acorde al concepto brindado por el doctor Feldman (1999:3), se describe como la ciencia que tiene por objeto el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Este concepto se refuerza con el de la doctora Davidoff, que cita: “La palabra ´psicología´ viene del vocablo griego que significa ´estudio de la mente o del alma´…en nuestros días se define a la psicología como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales en todos los animales”. (Davidoff: 6)

 

Por lo que hace al concepto de psicología jurídica, el Colegio Oficial de Psicólogos de España, la describe como “un área de trabajo e investigación psicológica especializada cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la Ley y la Justicia”. (www.cop.es)

 

J. Urra, define a la psicología forense como “la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la justicia, y coopera en todo momento con la Administración de Justicia… mejorando el ejercicio del derecho.” (www.psicología-online)

 

Como ya se dijo en la introducción de este trabajo, para poder sustentar nuestras ideas, en primer término procederemos a un realizar análisis del campo de conocimiento y de las habilidades y destrezas del psicólogo, para posteriormente tratar de aterrizar en forma específica, las labores que puede realizar en nuestros juzgados.

 

Cuenta con las herramientas necesarias para manejar situaciones de crisis.

Un psicólogo conoce y sabe cómo manejar cada una de las etapas de una crisis. Es bien sabido que en la mayoría de las actuaciones familiares, los actores involucrados en el proceso litigioso, tienden a caer en situaciones de crisis o catarsis. Situación que consterna tanto a los abogados como a los funcionarios judiciales, que en el mejor de los casos, -si no es ignorada la situación de crisis-, recurren a conocimientos empíricos para tratar de mitigar la situación.

 

Un aspecto importante que resaltar aquí, es que el psicólogo además de saber manejar la situación de crisis en el momento, también tiene la capacidad de predecir bajo qué circunstancias una audiencia puede rayar en crisis, y esto le permite, ya sea prevenir o en su caso, propiciar las condiciones idóneas para que la audiencia o en general el proceso sea lo menos intimidante para sus actores.

 

El minimizar este tipo de situaciones de crisis, nos lleva a tener audiencias más ágiles, y sobretodo a no diferirlas, y con esto verse en la necesidad de señalar una nueva audiencia, que necesariamente alarga el proceso litigioso.

 

Audiencias con menores.

La formación profesional que tiene el psicólogo, le brinda la capacidad de empatizar con el menor, de tal manera que puede entablar una relación menos estresante, que redunda en el fin principal, que es establecer una relación de iguales, para logar una comunicación más asertiva.

 

Igualmente sabe en qué nivel intelectual se encuentra el menor, y en base a ello, establece un lenguaje adecuado para que comprenda lo necesario del proceso legal, en el que es parte. Lo anterior, genera en el menor una actitud de colaboración, porque logra saber qué es lo que pasa, aún a pesar de que sea una situación legal compleja.

 

Además conoce y sabe, acorde a la edad de los menores, de las etapas del desarrollo en que se encuentran, lo que le facilita saber qué necesidades son imperantes satisfacer en cada etapa de su desarrollo, de tal manera que puede informar qué es exactamente lo que al menor conviene, de acuerdo al momento específico de su desarrollo.

 

En procesos de mediación.

El psicólogo es por excelencia, el profesionista idóneo para intervenir en los procesos de mediación. Cuenta con una formación que le permite conciliar los interés de las contrapartes, atendiendo siempre el proceso con una actitud de respeto y neutral. Lo cual favorece la realización de acuerdos consensados entre las partes actoras, que conlleva a que este tipo de acuerdos sean respetados con más frecuencia, que los que se puedan llegar a sentir como impuestos.

 

Entrevistas

El profesional de la psicología, conoce las técnicas de la entrevista, lo que le permite identificar:

-         Cuándo es necesario profundizar en alguna área en específico,

-         Cuándo se debe consultar otras fuentes para corroborar los datos que arroja la entrevista,

-         Cuándo es necesario canalizar a las partes a terapia individual, de pareja o familiar,

-         Cuándo no es factible confrontar a las partes que intervienen en el proceso legal, e igualmente identificar cuándo es el momento más adecuado para la confrontación.

-         Si es factible la resolución del conflicto a través de un proceso de conciliación o mediación.

-         El grado de afectación de los menores. Mismo que se debe corroborar a través de estudios psicológicos.

 

Estudios Psicológicos

La presencia de personal capacitado brinda la oportunidad de elaborar estudios, diagnósticos y pronósticos certeros, basados en respuestas confiables. El psicólogo como perito o especialista, puede proporcionar el más aproximado conocimiento de la personalidad de un presunto autor de delito, de la conducta y de la confiabilidad de lo que informa en sus declaraciones; analizar y emitir opinión respecto a si, están orientados jurídicamente o bajo presión, si se trata de simples mecanismos de defensa, sugestiones extrañas o de un deliberado propósito de desviar la acción de la justicia. Este profesional, estudia las características de la personalidad, a través de una metodología científica que realiza en los sujetos en proceso, que ayuda a replantear interrogantes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico del individuo en una conflictiva antisocial.

 

Es capaz de realizar un estudio clínico descriptivo sobre los rasgos del delincuente, de la conducta delictiva, de la estructura familiar y social, analiza las personalidades psicopatológicas, psicosis, neurosis, retrazo mental, la personalidad del individuo con una conflictiva sexual y de la personalidad dependiente (toxicomanías).

 

A través de la psicología, se llega a comprender más claramente los procesos patológicos individuales y sociales de los sujetos a estudio, pues la conducta delictiva, es la expresión psicopatológica particular en el individuo, de su alteración psicológica y social.

 

El profesional de la psicología es capaz de realizar una labor de investigación diagnóstica que permite conocer al agraviado o al sujeto a proceso penal, o a cualquiera de las partes de un proceso civil, particularmente en el área familiar, en sus estructuras de personalidad internas o sus capacidades socioeconómicas para hacer frente a la situación legal.

 

Los dictámenes que emiten, permiten identificar el nivel de afectación de la víctima de un delito, establecer un  diagnóstico y el periodo de tratamiento para su recuperación. En cuanto al presunto responsable, deja al descubierto las motivaciones internas, los rasgos antisociales y las posibilidades de alteraciones que no sean consecuencia de una afectación emocional, sino orgánica, que permita la apertura de un juicio especial para inimputables, así, el trabajo científico que realiza puede brindar al juzgador una visión cercana, por ejemplo, de la capacidad social y económica, que podrá ser aplicada en la reparación del daño, o bien, sus evaluaciones pueden permitir al juez familiar conocer la capacidad de alguna o ambas partes del conflicto, tanto en el aspecto social como económico, y el nivel de afectación, del que puedan llegar a ser víctimas los menores e incapaces.

 

La participación efectiva de estos profesionales dentro de los procesos de impartición de justicia, dependerá del nivel de profesionalización con el que cuente, pues el psicólogo que auxilia la labor del juzgador, independientemente de su vocación debe contar con conocimientos de la norma que rige los procesos, además de poseer un adecuado manejo de los instrumentos de investigación; tabla de valores sólida, pero flexible para comprender las diferentes personalidades; liderazgo; capacidad para trabajar en grupo; asertividad; alta capacidad empática; adaptabilidad social; proactividad y capacidad conciliatoria.

 

Con ello se puede lograr que el juez cuente, en todos los casos, con la visión de una postura objetiva, donde no influyan intereses de las partes, del ministerio público o de la defensa en los casos penales, para apoyar científicamente las resoluciones que emita en cualquiera de las fases del procedimiento, en forma oficiosa, y sin necesidad de impulso procesal y, obvio es que la sentencia que finalmente decida la situación legal de un procesado, o los intereses legítimos de los involucrados en los procesos familiares, será altamente cualitativa.

 

Trabajo en equipo científico, ya sea para el Poder Judicial, o para éste en coordinación con los otros sectores de Gobierno.

La actividad profesional del psicólogo, también puede ser en apoyo del área operativa-administrativa, de los Poderes Judiciales.

 

En efecto, este profesional puede manejar perfectamente en forma individual o en equipo multidisciplinario, las actividades que a continuación se detallan y que son indispensables para la buena marcha de la administración de justicia, tales como control, y seguimiento de los juicios a fines a su vocación, análisis estadístico, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, estudios psicológicos y socioeconómicos, entre otros, a través de:

 

· Evaluación y diagnóstico.

Como de alguna manera ya lo hemos expresado, el psicólogo puede describir, evaluar y extraer inferencias de manera sistemática acerca de la condición psicológica o trastorno de la persona o personas involucradas en el proceso legal, que tiene como fuente de enriquecimiento la historia clínica y las pruebas psicológicas aplicadas, y diagnosticar sustrayendo la información que arroja tanto la historia clínica como los resultados de las pruebas psicológicas, para en base en ello lograr determinar cuál es la condición psicológica del sujeto o sujetos en cuestión, o en su caso dictaminar el tipo de trastorno que cursa la persona, dichos trastornos pueden ser clasificados de manera general, y para mayor ilustración se puede consultar la clasificación que proporciona el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales DSM-IVR, elaborado por la Asociación Americana de Psicología, APA, que para mayor facilidad se incluye en esta ponencia, como anexo.  

 

·        Asesoramiento.

Con base en la información obtenida en la evaluación y diagnóstico, orientar y asesorar tanto sobre las características especificas que implica la condición psicológica o trastorno, así como las mejores opciones que se vislumbren para los actores jurídicos involucrados.

 

·        Intervención.

Diseñar y realizar programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos a la comunidad o bien al medio penitenciario, tanto a nivel individual, como colectivo.

 

·        Formación y educación.

Brindar a los profesionales del sistema legal, contenidos y técnicas psicológicas útiles en su desempeño laboral.

 

·        Campañas de prevención social ante la criminalidad.

 Elaboración y asesoramiento de campañas de información social para la población en general, haciendo énfasis en la población de alto riesgo.

 

·        Investigación.

Desde esta plataforma puede abordar todos los temas de investigación que emanan de la propia psicología jurídica, a fin de implementar mejores estrategias de acción que conlleven a brindar una mejor atención, dentro de este campo.

 

·        Mediación.

Servir a la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos judiciales, a través de una intervención mediadora que contribuya a disminuir y prevenir el daño emocional, social, y presentar una alternativa a la vía legal, donde los implicados tienen un papel predominantemente activo, en la resolución del conflicto.

 

3. Conclusiones

3.1. Los funcionarios judiciales se enfrentan durante su desempeño laboral, con diversas situaciones que fluyen durante la interacción de las partes involucradas del proceso, que merman su rendimiento por no estar especializados en tareas que en realidad deben ser atendidas por otro tipo de profesionales, situaciones que inciden finalmente en la toma de decisiones fundamentales dentro del proceso.

 

3.2. Los juzgados familiares y penales dependen de las evaluaciones de corte psicológico que brindan instituciones gubernamentales o peritos externos al Poder Judicial. Esta necesidad del trabajo que realizan las dependencias como el DIF o las procuradurías de justicia, hace que los procesos y la toma de decisiones intermedias se alarguen en el tiempo, pues los apoyos brindados se hacen cuando las actividades propias de dichas instituciones, lo permiten.

 

3.3. La práctica del psicólogo es variada, pues la psicología puede ser aplicada a cualquier campo de conocimiento. En el campo de la psicología jurídica, lleva a cabo acciones de:

· Investigación criminológica.

· Psicología policial y de las fuerzas armadas.

· Victimología

· Psicología judicial (testimonio y jurado)

· Servicios sociales

· Psicología penitenciaria

· Mediación

· Psicología aplicada a los tribunales

o      Psicología Jurídica y del menor.

o      Psicología aplicada al derecho de familia

o      Psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal

 

3.4. Tratándose de la psicología aplicada en los procesos y procedimientos familiares y penales, de manera breve, enunciativa y no limitativa, podemos afirmar que las tareas en las que se puede desempeñar el psicólogo son:

 

-   En cuanto a la psicología aplicada en materia de derecho de familia, básicamente la función del psicólogo consiste en auxiliar al juez en:

o Los procesos de separación y divorcio, celebrando las juntas de avenimiento, conciliación o convenios judiciales, y auxiliando al órgano jurisdiccional respecto a la orientación y entrevistas con los sujetos del proceso, especialmente la atención que deben recibir los hijos que viven ese drama.

o Cualquiera de los procesos familiares, puede auxiliar al órgano familiar con dictámenes de corte psicológico, los relativos de los cónyuges para la mejor toma de la decisión judicial que corresponda, así como de las medidas que se adopten referente a los hijos, en los casos de divorcio, paternidad, custodia, alimentos, educación, entre otros.

o Los procesos de tutela y adopción de menores o estado de interdicción, con tareas que le son propias y similares a las que se anunciaron en el apartado anterior.

o En la emisión de los informes técnicos de su especialidad, cualesquiera que le solicite el juez, así como el seguimiento de los casos.

 

-   Por lo que hace a la Psicología aplicada en el campo del derecho penal, la función del psicólogo consiste en auxiliar al juez en:

o Asesoría y dictamen sobre la personalidad del sujeto activo y del pasivo del delito, en las causas de violencia intrafamiliar, lesiones, violación, homicidios, feminicidios, entre otros.

o Colaborar con los secretarios de acuerdos para la toma de declaraciones, a fin de que exista una comunicación directa y especializada, con los involucrados en el asunto de que se trate.

o Orientación y tratamiento psicológico del sujeto pasivo, víctima del ilícito penal.

o Intervención en los convenios que se celebren dentro del proceso penal.

 

3.5. Con base en el perfil profesional detallado anteriormente, un psicólogo puede aligerar las cargas de trabajo en los juzgados y con ello se puede lograr que la función jurisdiccional reduzca en gran medida los procedimientos, al auxiliar a los funcionarios judiciales en la celebración de audiencias que tengan por objeto recibir declaraciones de las partes involucradas en un conflicto familiar o de quienes se encuentran inmersos en un asunto penal, orientando, mediando, conciliando, o dictaminando los perfiles de personalidad de todos ellos, amen de que resulta, por su vocación, la persona idónea que puede brindar herramientas al juzgador para el dictado de resoluciones apoyadas en razonamientos y análisis científicos que le permitan tomar las decisiones más acertadas y justas,

 

3.6. Adscribir a profesionales de la psicología como un funcionario más en las labores de los juzgados familiares y penales, debe considerarse como parte inevitable del proceso evolutivo en la impartición y administración de justicia; es decir, debe incluirse en una reforma judicial que busque de manera integral, el mejoramiento de esta función primaria del Estado.

 

 

Propuesta:

Es necesario que los Poderes Judiciales cuenten con funcionarios judiciales adscritos a los juzgados familiares y penales, con labores específicas que coadyuven en la instrumentalización del proceso y brinden al juzgador las herramientas o elementos que le permitan justificar con el apoyo científico de la psicología las decisiones fundamentales que tome. En consecuencia, deberá reformarse la Ley Orgánica que regula a este Poder y aquellos reglamentos que se requieran, para que sean incorporados a las labores de los tribunales citados y/o a las áreas administrativas. Las funciones específicas que puede realizar deben ser determinadas de acuerdo a las necesidades propias de cada tribunal y al efecto nos remitimos a las ya indicadas en este estudio. 


Fuentes de consulta

Bibliográficas:

CANTÓN DUARTE, José; CORTÉS ARBOLEDA, María del Rosario y JUSTICIA DÍAZ, María Dolores, Conflictos matrimoniales, divorcio y desarrollo de los hijos, España, Ediciones Pirámide, 2000.

 

CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F., La familia en el derecho, México, Editorial Porrúa, 1984.

 

DAVIDOFF, Linda L. Introducción ala Psicología. México, D.F, McGraw-Hill/Interamericana de México, 2000.

 

DE IBARROLA, Antonio, Derecho de familia, México, Editorial Porrúa, 1984.

 

FELDMAN, Robert S. Psicología. Con aplicaciones a los países de habla hispana. México, D.F., Ed. McGraw Hill-Interamericana editores, 1999.

 

MONTERO DUHALT, Sara, Derecho de familia, México, Editorial Porrúa, 1987.

 

PÉREZ DUARTE Y N., Alicia Elena, Derecho de Familia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.

 

SUE, D., SUE, D. Y SUE S, Comportamiento anormal, 4ta. edición, México, Ed. McGraw-Hill/Interamericana de México, 2000.

 

 

Legislativas:

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro de Arteaga

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas

 

Código Familiar del Estado de Zacatecas

 

Código Familiar del Estado de Hidalgo

 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California

 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California

 

Ley de Enjuiciamiento Civil Española

 

Ley de Enjuiciamiento Criminal Española

 

 

Electrónicas:

-- Psicología jurídica, España, Colegio Oficial de Psicólogos, www.cop.es/perfiles/contenido/juridica.htm

 

-- Rol del psicólogo en el ámbito jurídico, España, Psicología online, www.psicología-online.com/colaboradores/iayf/rolpsi.htm

 

-- Programa de entrenamiento de asesoría psicológica forense en los juzgados de familia de Bogota – Colombia, Colombia, www.psicologiajuridica.org

 

MECERREYES JIMÉNEZ, José, La práctica pericial psicológica en los juzgados de familia, España, www.peritusvirtual.com. 

  

Anexo 1
Trastorno
Descripción
Subcategoría
Trastornos de ansiedad
Problemas en los que la ansiedad imposibilita el desempeño cotidiano.
Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático.
Trastornos somatoformes Complicaciones psicológicas manifiestas a través de problemas físicos . Hipocondriasis, trastorno de conversión.
Trastornos disociativos División de partes importantes de la personalidad que suelen estar integradas. Trastorno disociativo de la identidad (personalidad múltiple), amnesia disociativa, fuga disociativa.
Trastornos del estado de ánimo Sentimientos de euforia o depresión que son lo bastante fuertes como para afectar la vida cotidiana. Depresión mayor, trastorno bipolar.
Esquizofrenia Problemas de desempeño, perturbacones del lenguaje y el pensamiento, trastornos de percepción, perturbaciones emocionales y aislamiento de los demás. Desorganizada, paranoica, catatónica, indeferenciada, residual.
Trastorno de personalidad Problemas que generan poco malestar personal, pero que conducen a una incapacidad para desempeñarse como miembros normales de la sociedad. Trastorno antisocial de la personalidad (sociopatía), trastorno narcisista de la personalidad.
Trastornos sexuales Problemas relacionados con la excitación a partir de objetos extraños, o problems vinculados con el desempeño sexual. Parafilias, disfunción sexual.
Trastornos relacionados con el uso de sustancias Problemas relacionados con el consumo y la dependencia a las drogas. Alcohol, cocaína, alucinógenos, marihuana.
Delirio, demencia, amnesia y otros trastornos cognitivos.

Fuente: Tomado del libro de Comportamiento anormal, 4ta. Edición.

Anexo 2

Estado
Cuentan con Código Familiar
Cuentan con Código de procedimiento Familiar
Su legislación contempla la figura de Psicológos en los Juzgados Familiares
Nombre y cargo de quien proporciona información
Observaciones
SI
NO
SI
NO
SI
NO
COL.
X
X
X
Lic. Guillermo Torres Zamora
Se apoyan en DIF para aspectos psicológicos.
CHIH.
X
X
X
Lic. René Chacón González Visitador.
Cuentan con un Departamento. De estudios psicológicos y socioeconómicos.
D.F.
X
X
X
Lic. Socorro Mora. Investigadora.
Se apoyan en Peritos para aspectos psicológicos.
AGS.
X
X
X
Cuentan con Departamento de Psicología .
B.C.
X
X
X
Se apoyan en Peritos para aspectos psicológicos.
B.C.S.
X
X
°
Lic. Guillermo Rebellino Pérez. Titular.
Cuentan con Area de Psicología y Trabajo Social
CAMP.
X
X
X
La Directora
El dictamen pericial es realizado por DIF. Tienen una iniciativa del Código Familiar en Congreso.
COAH.
X
X
X
Sria. de Directora/Sria. del Juez 1ro Familiar.
GTO.
X
X
X
Lic. David Arturo Gutiérrez Márquez. Srio. Particular de Presidencia del Tribuanl.
El dictamen prericial se apoyan en Peritos.
GRO.
°

X

Se rige x CPC

X
Lic. Maricruz Rodríguez
HGO.
°
°

°

Consejo de Familia

Lic. Sara Montes: Encargada de Biblioteca.
Existen 7 consejos de familia, multidisciplinarios.
JAL.
X
X
X
Lic. Carlos Rivera B. Jefe de Capacitación.
En dictamen pericial se apoyan en Peritos.
EDO. DE MEXICO
X
X
X
Lic. Ariel Pedraza: Coord. Adtvo. del Instituto.
El dictamen pericial se apoyan en Peritos.
MICH.
X
X
X
Lic. Anable Rodríguez.
MOR.
X
X
X
Lic. Evangelina Frga. Oficial Judicial.
NAY.
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Area de Psicología y T.S.

Lic. Héctor Manuel Benitez: Director del Instituto.
El área de Ps y TS fue creada por acuerdo del Consejo
PUE.
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Lic. Jacob del Castillo. Coord. Jurídico.
SIN.
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Lic. José Antonio López. Coord. Jurídico.
OAX.
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Lic. Noemí Cruz Aragón. Asistente del Director.
GRO.
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Lic. Irene Solórzano
Cuentan con Unidad Psicológica
Q. ROO
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X
Lic. Gabriela Rosado
S.L.P.
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X
Lic. Margarita Puente Martíbez
En dictamen pericial se apoyan en Peritos.
SON.
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X

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Médico Terapeuta

Arts. 552 y 553 del Cod. Proc. Civiles. Son.
Lic. Jesús Hilario Agurre Valenzuela. Juez 1ero. Familiar en Hermosillo.
En dictamen pericial se apoyan en DIF, Salud Mental, Sector Salud. Tienen una iniciativa del Código Familiar ante el Congreso desde varios años y no ha sido aprobado.
TAMPS.
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X
Lic. Perla Estrda, Titular del Centro de Evaluación y apoyo.
Centro de Apoyo Psicológico (para personal y sus familiares) creado por acuerdo del Pleno.
TLAX.   X   X   X C. Victoria, Sria. del Titular.  
VER.   X   X   X Sra. Mercedes, Sria. del Dir. Gral.  
YUC.   X   X   X Lic. Marcos Alejandro Celis Quintal, Titular.  
ZAC.
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°
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Lic. Ana María Serrano García. Asistente del Titual.
Su Código Famioiar contempla la figura del Consejo de Familia. Aún no se integra.
CHIS.
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X
Trabajadora social
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Lic. Rosario Castillejos. Jefa de Depto. de T.S.
DGO.
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Lic. Karla Ivonne Cabrales. Auxiliar Jurídica.
TAB.
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Sra. Rebi Ramón Pérez. Sria. del Titular.
*Consulta realizada vía telefónica, durante el mes de abril del 2005, a los Insitutos de la Judicatura, o Centros de Especialización de los Poderes Judiciales del país, quienes ocasionalmente remitían a otras instancias del Poder Judicial, para realizar la consulta..

 



[1] Hablar de la psicología en el caso de España, implica remontarse a 1885, donde la Ley de Sanidad Española crea el cuerpo llamado “Facultativos Forenses”, que fue desarrollado y reorganizado por el Decreto de Ley de 1891, creando tres secciones:1. Sección de Medicina y Cirugía, 2. Sección de Toxicología y Psicología y 3. Sección de Medicina Mental y Antropología. En los años subsecuentes varios expertos publicaron los primeros trabajos sobre esta rama de la psicología, sobresaliendo las publicaciones alusivas a los psicólogos penitenciarios. Y es a partir de la década de los 80´s que el desarrollo ha sido realmente prolifero, la psicología jurídica ya se ha ubicando dentro de un campo de acción que se viene diversificando más y más, ha logrado penetrar de lleno en la Administración de Justicia, cuenta con el sustento de las investigaciones en esta área que realizan tanto las universidades del país, así como por el Colegio Oficial de Psicólogos de España, organismo encargado de reconocer tanto a los profesionales de la Psicología jurídica, como a los programas curriculares de las licenciaturas y estudios de posgrado de las universidades españolas.

El desarrollo antes citado de la psicología jurídica en España, ha generado la adscripción de los profesionales de esta rama, como funcionarios más de la administración de justicia. De tal suerte que existen en varios Partidos Judiciales de las provincias de algunas comunidades autónomas españolas, los psicólogos de los juzgados, o psicólogos del Tribunal, quienes desarrollan parte de lo que exponemos en esta ponencia como funciones propias del psicólogo jurídico, además de realizar investigaciones que se vienen concretizando en publicaciones sobre esta materia.

En síntesis en se puede apreciar que España ha logrado una excelente interacción entre los tres principales participantes del ámbito jurídico, nos referimos pues al Poder Judicial, a las Universidades y al Colegio Oficial de Psicólogos, sin menospreciar la labor legislativa que ha realizado el cuerpo legislativo español; lo anterior se ve reflejado en el avance tanto operativo, como en investigación y publicación que vive la psicología jurídica en ese país.