Justicia Alternativa.

Lic. Jorge I. Pérez Castañeda                                                              

 

Quienes hemos ejercido la noble profesión de la abogacía, ya sea en la administración de justicia o en la defensa de los intereses de los particulares, nos hemos percatado  que el mundo, al menos en su ámbito judicial, es un mundo de papel y de expedientes, donde la justicia todavía se cose con hilo.  

Es evidente que a través de las manos de los operadores jurídicos, han pasado –y no exagero- millones y millones de hojas, donde los usuarios o sujetos del servicio  han cifrado y cifran  sus expectativas de justicia.  

Nuestro sistema tradicional, en casi cualquiera de sus modalidades, se basa en la documentación de los acontecimientos que se estiman jurídicamente trascendentes, exigencia implacable y excluyente, creadora de aquella sentencia breve, fría y contundente que a la letra dice: “lo que no esta en el expediente, no esta en el mundo”. 

En Baja California, durante más de sesenta años, el juez ha decidido los más preciados bienes del hombre y de la mujer, sobre una base documental.  

La libertad, los derechos surgidos de la familia y el patrimonio, por citar algunos, se encuentran en juego en expedientes donde el gobernado, por fuerza del sistema, deposita su esperanza de justicia. 

En mi concepto, el subproducto indeseado, pero latente, de la forma escrita, consiste en el marcaje de distancia de aquello que debe juzgarse; en la posible perdida de pulso de la causa judicial, a la hora de resolverlo; y a la traspolación del concepto cosa, que en el mundo material tiene el expediente,  a los bienes cuyo debate en él se contienen,  más aun cuando la estadística, igual implacable que engañosa, genera presiones continuas que inadvertidamente pueden incidir en el proceso psicológico del juzgador en su toma de decisiones.  

A la frialdad del expediente, cabe adicionar, por supuesto, el creciente cúmulo de trabajo, factor determinante dada la correlación directa entre el grado de atención que el juzgador debe dar al asunto y la velocidad procesal que ha de imprimirle.  

Veamos. 

De acuerdo al informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, correspondiente al año dos mil seis, durante el periodo comprendido del mes de noviembre de dos mil cinco, a septiembre de dos mil seis, los cuatro salas del Tribunal Superior de Justicia, resolvieron aproximadamente 1,300 tocas civiles y dictaron 14,000 acuerdos; y, en materia penal, resolvieron 3700 tocas penales y emitieron 19,000 acuerdos.  

En  primera instancia y en la justicia de menor cuantía, los 26 juzgados civiles y    de conocimiento mixto, recibieron 29,213 asuntos; dictaron 8,260 sentencias definitivas; 2,231 sentencias interlocutorias; dictaron 265,623 acuerdos y celebraron 18,709 audiencias. 

Los 7 juzgados familiares recibieron 10,951 asuntos; pronunciaron 5,044 sentencias; dictaron 97,022 acuerdos y llevaron a cabo 11,070 audiencias. 

Finalmente, en los 24 juzgados en materia penal y de conocimiento mixto, se iniciaron 20,476 causas penales; se emitieron 15,391 autos de plazo constitucional; se llevaron a cabo 28,427 audiencias; se pronunciaron 10,228 sentencias definitivas; y se emitieron 174,067 acuerdos. 

Así las cosas,  vale preguntar:  

¿La forma escrita en nuestro sistema judicial y la sobrecarga de trabajo, significa que hemos elegido la ruta equivocada? 

Desde mi punto de vista, no. Lo que sucede es otra cosa. 

Revela que hemos arribado al punto de saturación y que debemos replantear la forma de resolver nuestros conflictos, pues los aspectos cuantitativos que configuran el rostro frío e impenetrable de nuestro sistema de justicia, son insuperables aun aumentando significativamente el número de juzgados y ampliando el tribunal de alzada, aspecto de cualquier forma difícil, dada la crónica austeridad presupuestaria. 

Por ende,  creo que debemos considerar formas diversas de resolver nuestras controversias.  

De acuerdo a la experiencia de otros estados de la República, esto conduce, al parecer, a la justicia oral y a los medios alternativos a la justicia ordinaria.  

Bien, he enfatizado el actual status quo del sistema judicial,  porque la justificación de las formas alternas surge precisamente de las condiciones a las que ahora, en este momento, deben enfrentarse los justiciables para obtener la resolución de sus conflictos. 

Y esa nueva forma, debe surgir en sede materialmente distinta de la judicial, pues aun cuando existen dispositivos legales que establecen la obligación del juzgador de procurar la conciliación de los sujetos en litigio, como el numeral 272 BIS del Código de Procedimientos Civiles,  la practica ha demostrado que son ineficaces, pues, al menos en mi  experiencia, es mínimo el numero de asuntos que se solucionan como consecuencia de la aplicación de dicho precepto. 

Y es que difícilmente podría haberse elegido un  entorno más difícil para la solución consensuada de una controversia jurídica, que el formado una vez iniciada la causa judicial. 

Primero, porque en principio la postura formal y natural de los profesionistas encargados de la defensa de los intereses conflictuados, es la del combate que  generalmente aspira al vencimiento absoluto; 

Segundo, por el grado de dificultad en     la conciliación de intereses opuestos, alterados y exacerbados por la vivencia de la contienda  y donde, si acaso, la motivación para transigir pocas veces surge de un convencimiento cooperativo, pacifico, psicológica y materialmente satisfactorio para las partes, sino del error judicial, del equivoco en la dirección técnica del asunto, o del desgaste propio de un litigio cuyo fin no es pronosticable. 

Y, tercero, porque el juez tiene como función inmanente e incompartible con otra, la de resolver los asuntos judiciales  sometidos a su conocimiento, más allá de la conciliación de intereses opuestos, a fin de que permanezca incuestionable su objetividad, imparcialidad e independencia.   

En ese contexto, se ha generado un proyecto, una iniciativa de ley, que tiene por objeto regular y fomentar el uso de medios alternativos para la solución de controversias entre particulares, siempre y cuando se refieran a derechos de libre disposición, iniciativa que tiene como sustento, la reciente reforma al artículo 7 de la Constitución Local, en cuyo último párrafo ahora se establece que las personas tendrán derecho a acceder a los medios alternativos de justicia, para resolver sus controversias, en la forma y términos que dispongan las leyes respectivas.  

De la pieza legislativa en ciernes, reglamentaria de la reforma constitucional recién mencionada, cabe destacar lo siguiente:  

Tiene como objeto el establecimiento de una opción a la justicia ordinaria, en la que se contempla como herramienta fundamental los mecanismos de conciliación y de mediación. 

Prevé la creación de un Centro Estatal de Justicia Alternativa, dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado, así como la prestación gratuita de los servicios de mediación y conciliación que el centro proporcione.    

Contiene un glosario, de evidente utilidad para efectos de precisión terminológica, donde define a la conciliación como el procedimiento voluntario donde el conciliador asume una conducta activa y recomienda, sugiere o propone a las partes, soluciones que diriman la controversia. 

Enseguida define a la mediación como el procedimiento voluntario, donde el mediador asume una conducta facilitadora de la comunicación entre las partes, tendente a la búsqueda de soluciones surgidas de ellas mismas.  

Establece que los medios alternativos serán aplicables sólo cuando se trate de derechos de libre disposición, esto es, por exclusión, de aquellos que no afecten al orden público, derechos de terceros o contravengan disposición expresa. 

Indica que los principios que deben imperar en la justicia alternativa, son los siguientes: 

Voluntariedad

Las partes son las únicas facultadas para iniciar los procedimientos de mediación o conciliación, continuarlos y concluirlos.  

Confidencialidad

La información que las partes proporcionan al mediador o conciliador no se divulga. 

Imparcialidad y neutralidad

Autoexplicativo. Fusiono los conceptos porque al final de cuentas implican una actuación libre de favoritismos, inclinaciones, prejuicios, y significa que debe tratar a los intervinientes con  objetividad y  sin  diferencia alguna.  

Equidad

El mediador o conciliador debe conservar el equilibrio de las pretensiones a satisfacción de ambas partes. 

Flexibilidad

El procedimiento de mediación prescindirá de  formas, para responder a las necesidades de los intervinientes.

Por otra parte, establece que en materia penal, la mediación y conciliación entre ofendido e inculpado sólo podrá recaer respecto de delitos perseguibles por querella. 

Así también, contempla la posibilidad de que los medios alternativos se proporcionen por instituciones privadas o por personas físicas, que en cualquier caso deben de contar con autorización para realizar dicha función. 

Permite la remuneración a las instituciones privadas o personas físicas, por la prestación del servicio de mediación o conciliación, cuyo quantum, en principio, debe fijarse en forma convencional. 

Establece los requisitos que debe satisfacer el mediador, dentro de los cuales destaca la capacitación en la teoría y técnicas de la mediación y conciliación. 

Enumera las funciones, derechos y obligaciones del mediador, entre otras, la de asesorar a los mediados para que generen un acuerdo que solucione los intereses en conflicto; substanciar el procedimiento de mediación y conciliación; dar fin al procedimiento cuando  cualquiera de las partes lo solicite; redactar el convenio que dirima la controversia; y enuncia el deber de prontitud, actualización permanente y discreción, así como el derecho a percibir honorarios, en el caso de mediadores privados.   

Prohíbe la intervención de los mediadores como testigos en los asuntos en que hayan intervenido como mediadores, y les prohíbe el patrocinio o dirección técnica de dichos asuntos. 

Las faltas que cometa en el desarrollo de su función, estarán sujetas al procedimiento disciplinario establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Exige la capacidad de ejercicio de los mediados, es decir, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y en el caso de personas jurídicas, que se encuentren constituidas conforme a las leyes aplicables.

Establece los derechos y obligaciones de los mediados, como la sustitución del mediador, en el supuesto de la mediación pública; la intervención personal del mediado en todas las sesiones de mediación y conciliación; el derecho a que en dichas sesiones los acompañe persona de su confianza o asesor jurídico; el deber de cubrir los honorarios del mediador privado; y el deber de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio.  

Otorga al Director del Centro de Justicia Alternativa la atribución de autorizar y elevar a la categoría de cosa juzgada los convenios celebrados entre las partes, previa revisión de su legalidad. 

Regula el procedimiento de conciliación ante el Centro de Justicia Alternativa, que inicia con petición de parte interesada, seguida de la verificación de que se trata de asunto susceptible de medio alternativo; invitación a los interesados a una audiencia inicial, en la que se informará a las partes sobre los objetivos y ventajas de la mediación y conciliación. En el caso de que las controversias ya sean conocidas por un juez, los  efectos del procedimiento consistirán en la suspensión temporal de los plazos y términos judiciales, que deberá decretarse por el juez de la causa, así como en la suspensión de la prescripción de las acciones, en el entendido de que el término de prescripción continuará corriendo a partir de que se declare agotado el procedimiento de mediación y conciliación. 

Se llevarán cabo cuantas sesiones  el caso requiera y en el evento de que los mediados no puedan resolver la controversia con base en sus propias propuestas, se procederá a la conciliación, donde el mediador asumirá una conducta proactiva, es decir, propondrá, sugerirá o recomendará alternativas de solución. 

Destaca la prohibición de que en las actas circunstanciadas se asienten expresiones alusivas al reconocimiento de responsabilidad de cualquiera de los mediados. 

En caso de obtenerse un acuerdo, deberá elaborarse un convenio por escrito, con las declaraciones y cláusulas que reflejen fielmente la voluntad de los intervinientes.

En cumplimiento forzoso del convenio, en su caso, se solicitará al juez competente, en vía de ejecución de sentencia.  

La iniciativa de ley establece que el procedimiento de mediación o conciliación concluirá por convenio; por decisión de una de las partes; o por inasistencia de los interesados a las sesiones programadas. 

Cabe comentar que, hasta donde tengo conocimiento, diputados del Congreso del Estado, pertenecientes a diversas fuerzas políticas, han impulsado la discusión y aprobación de la iniciativa, además de mostrarla a diversos sectores sociales, por lo que de obtenerse los consensos necesarios no sería irreal la expectativa de que se aprueba antes de que concluya la actual legislatura, en el entendido de que, como pieza perfectible, el producto final podría contener disposiciones adicionales o diversas a las antes sintetizadas. 

Finalmente, debo puntualizar, como se expresa en la exposición de motivos de la propuesta legislativa, que la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, no pretende sustituir a la actividad jurisdiccional, que es de suyo inherente al Estado, ni tampoco debe contemplarse, por si sola, como la solución a los problemas de la administración de justicia, pues, citando a Cecilia Azar Mansur, autora de la obra Mediación y Conciliación en México, “los mecanismos de solución distintos al sistema judicial deben penetrar en nuestro quehacer jurídico porque representan una ampliación de las opciones para que la sociedad mexicana alcance la paz social. El objetivo central de su implementación y desarrollo… debe ser el ofrecimiento de una gama mayor de alternativas a la sociedad para solucionar susconflictos.”

Fuente consultada:

Azar Manssur Cecilia. Medicación y Conciliación en México: Vías Alternativas de Resolución de Conflictos. Editorial Porrua. Pág. 12. 2003.

La autora citada es consultora del proyecto para la mediación en México. ABA-USAID.2006.