Análisis de la fracción VIII del artículo 20 Constitucional sus antecedentes y algunos criterios jurisprudenciales

 

               Mtro. Daniel Octavio Valez Delgadillo

M.D Miguel Armando Pérez Aguilera

 

Sumario: 1. Resumen. 2. Introducción. 3. Planteamiento del problema. 4. Antecedentes. 4.1 Antecedentes constitucionales e históricos. 4.2 Debates. 5. Criterios jurisprudenciales. 6. Conclusiones. 7. Recomendación.

 

1. Resumen

 

El artículo 20 fracción VIII de la Constitución establece que" Será juzgado antes de cuatro meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. ".

 

El presente trabajo, expone la necesidad de armonizar el derecho con la justicia conciliando la garantía de brevedad, con la de defensa, sin necesidad de ver mutilados los derechos de los ofendidos.

 

Se presentan para ello, una serie de antecedentes que llevaron al desarrollo de la garantía de juzgamiento breve, así también derivado de la preocupación de muchos litigantes al accionar a los órganos jurisdiccionales a resolver sobre la materia que nos ocupa, se exponen una serie de criterios jurisprudenciales que nos van esclareciendo esta garantía; Además se presentan como resultado de un Congreso sobre derecho, y llevado a la página de Internet de la Barra Mexicana de Abogados, un análisis sobre la garantía de breve término a la cual vamos hacer referencia en el cuerpo del presente trabajo. Por último, presentamos la conclusión del documento apoyada en las obtenidas en el Congreso de la Barra Mexicana de Abogados y se presentan algunas recomendaciones que nos parecen más viables.

 

La pregunta que da inicio a toda la polémica, es para determinar ¿Cual es el alcance Constitucional de la garantía individual que prevé al artículo 20 fracción VIII de nuestra Carta Magna, según su estado actual, y cuales son sus posibilidades en el futuro a mediano plazo?

 

2. Introducción

 

Un cuestionamiento particularmente difícil es si el proceso penal mexicano funciona, es decir, responde a las necesidades del México de hoy, o si por el contrario, resulta antediluviano y por ello disfuncional. Para responderlo, se requieren conocimientos sobre la problemática económica, política y social del país, así como la legislación procesal y la práctica forense.

 

Cuando analizamos nuestra legislación procesal penal. Advertimos pocas fallas de fondo y muchas de sistemática. Así, hay evidentes avances en cuanto a la protección de los derechos humanos de toda persona sometida al procedimiento penal y en relación con la actividad del ministerio público, inclusive algunas garantías para los ofendidos. Pero es evidente que la parte adjetiva ha sido motivo de polémica y debate de muchos pensadores.

 

Se consideró un gran avance elevar a rango de garantía individual la temática sobre el tiempo que tiene un juez para dictar sentencia, y fue motivo de algarabía una vez establecida en la Constitución de 1856, ahora nos corresponde reflexionar si ésta ha desarrollado favorablemente la función para la que fue creada ó simplemente ha servido de discurso político para muchos constituyentes o legislaturas cuando han osado presentarla como logro de la civilización humana.

 

3. Planteamiento del problema

 

En la fracción VIII del artículo 20 Constitucional, se encuentra consagrada la garantía de brevedad, también conocida como garantía de plazo o garantía de breve término; en ella se señala, que" El inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. Consideramos importante mencionar que de la sola lectura se desprende con bastante claridad que el órgano jurisdiccional que esté conociendo en primera instancia del asunto tiene como requisito sine qua non el resolver dentro de los términos antes señalados, la pregunta sería ¿Qué pasa si se prolonga por mayor tiempo el juez que conoce de la causa? ¿Acaso tiene la obligación de ponerle en inmediata libertad?

 

La corte ha establecido ya algunos parámetros respecto de este tema, los que nos parecen insuficientes, dado que no ha sido posible convencerle que una vez transcurridos los términos señalados, el juez conocedor de la causa incurre en una responsabilidad, esta desobedeciendo directamente a un mandato constitucional.

 

Vamos a presentar un recorrido del 20 constitucional, con respecto a la garantía que se analiza, primero de los antecedentes que se tienen, y con posterioridad pasaremos al análisis de los debates de la constitución de 1857 para concluir con los debates de 1917; luego, haremos un breve recorrido por algunos criterios jurisprudenciales y por último, esbozaremos conclusión y algunas recomendaciones que pudieran servir para afinar un poco la temática en cuestión.

 

4. Antecedentes

 

El artículo 20 de nuestra Carta Magna es uno de los más importantes, en el se consagran diversas garantías del proceso. Para llegar a como lo conocemos en nuestros días tuvo que pasar por diversas legislaciones y reformas, a continuación presentamos algunas breves notas de legislaciones que pudieran servir de sustento a la garantía de juzgamiento breve.

 

Primer antecedente.

 

Dictamen y proyecto de la Constitución Política de la República Mexicana, fechado en La ciudad de México el 16 de junio de 1856, cuyo trigésimo párrafo señala una innovación importante, ya que introduce en nuestro sistema de procedimientos criminales, una garantía previa a favor de todo acusado: Que se le juzgue de una manera breve y públicamente, por medio de un jurado imparcial.

 

Artículo 24 del proyecto. En todo procedimiento criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías;

 

1. Que se le oiga en defensa por sí o por personero o por ambos;

 

2. Que se le haga conocer la naturaleza del delito, la causa de la acusación y el nombre del acusador;

 

3. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra, pudiendo obtener copia del proceso para prepara su defensa. Los testigos citados por él acusado pueden, a petición suya, ser compelidos conforme a las leyes para declarar; y

 

4. Que se le juzgue breve y públicamente por un jurado imparcial, compuesto de vecinos honrados del estado y distrito donde fue cometido el crimen. Este distrito deberá estar previamente determinado por la ley.

 

Segundo antecedente.

 

Artículo 20 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente, el 5 de febrero de 1857:

 

" En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:

 

I.    Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere,

 

II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de 48 horas contadas desde que esté a disposición del juez,

     

III.                       Que se caree con los testigos que depongan en su contra,

 

IV.                       A que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descargos,

 

V. Que se le oiga en defensa por sí o por personas de su confianza o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio, para que elija el que, o los que le convenga.

 

Tercer antecedente.

 

Mensaje y proyecto de constitución de Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro el primero de Diciembre de 1916.

 

Vigésimo séptimo párrafo del mensaje: El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal; pero en la práctica esas garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que, sin violadas, literalmente alado de ellas, se han seguido prácticas verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes suyos.

 

Vigésimo octavo párrafo: Conocidos son de ustedes, señores diputados, y todo el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas ocasiones por meses enteros, unas veces para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedrentar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales del crimen y obligados a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que solo obedecían al deseo de librarse de la estancia en calabozos inmundos, en que estaban seriamente amenazadas su salud y su vida.

 

Vigésimo noveno párrafo: El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejó implantado la dominación española, sin que se haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado por mejorada. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se tratase en ellos de su libertad o de su vida, restricciones del derecho de defensa impidiendo al mismo reo y su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectado y, por último dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolorosas de los escribientes, que por pasión o por vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los testigos que deponían en su contra y aún las de los que se presentaban a declarar en su favor.

 

Trigésimo párrafo. La ley concede al acusado la facultad de obtener su libertad bajo fianza durante el curso de su proceso; pues tal facultad quedó siempre sujeta al arbitrio caprichoso de los jueces, quienes podían negar la gracia con solo decir que tenían temor que el acusado se fugase y se sustrajera a la acción de la justicia.

 

Trigésimo primer párrafo. Finalmente, hasta hoy no se ha expedido ninguna ley que fije, de una manera clara y precisa, la duración máxima de los juicios penales, lo que ha autorizado a los jueces para detener a los acusados por tiempo mayor del que fija la ley al delito de que se trate, resultando así prisiones injustificadas y enteramente arbitrarias.

 

A remediar todos esos males tienden las reformas del citado artículo 20.

 

Artículo 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:

 

1. a VII.....

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediere de es tiempo;

IX., a X......

 

Después de analizados los antecedentes del artículo 20 en su garantía de juzgamiento breve, pasaremos a hacer una pequeña reseña de los debates, primero del artículo 24 del proyecto de Constitución de 1856 y con posterioridad al análisis de los debates del proyecto de Constitución de 1916.

 

4.2 Debates

Congreso Constituyente de 1856

 

Este artículo que corresponde al 20 de la Constitución de 1857, se presentó como artículo 24. en el proyecto de Constitución de 1856.

 

Sesión del 18 de agosto de 1856

 

La Comisión de Constitución presentó reformada la primer parte del artículo 24 del proyecto en los siguientes términos:

 

"En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías":

 

5ta. Que se le juzgue breve y públicamente por un jurado imparcial honesto y de vecinos honrados del Estado y distrito en donde el crimen ha sido cometido. Este distrito deberá estar precisamente determinado por la ley.

 

" Varios diputados piden la palabra en contra, y el señor Langlois, para fundar el artículo, da lectura al discurso siguiente: Si hay algo que pueda merecer preferentemente la atención de un congreso constituyente, no son sin duda aquellas instituciones que garantizan y aseguran el ejercicio amplio e incontrovertido de los sagrados derechos que estampan al frente de su código fundamental, instituciones que, como la sólida bóveda de un templo grandioso, sostiene fácilmente el peso de todo el edificio por mucho que se encumbren sus elevadas torres y por basta que sea la atrevida cúpula que descansa en la maciza estructura gótica...de esta naturaleza es, señor, en un país, la administración de justicia, tan importante en sus funciones que se refleja fuertemente en los demás ramos del supremo poder de la nación; Tan íntimamente enlazada con todos los actos del hombre, y tan constante a la vista del ciudadano que más que toda contribuye a dar al tono más predominante, el colorido más decisivo, la fisonomía más marcada a todos los actos del hombre con la sociedad, o del hombre con el poder.

 

En una cuestión de tanta trascendencia que han tratado de dilucidar los

jurisconsultos más eminentes y los moralistas más profundos, parecerá sin duda una loca presunción la de atreverse a formar y a emitir su juicio un ciudadano que, como yo, apenas haya saludado los umbrales de las ciencias morales y que no pueda gloriarse de haber hojeado siquiera los enormes infolios que consignan el derecho civil español. Sin embargo, señor, tal es la fuerza de convicción que aún en presencia de esta augusta asamblea, en cuyo seno se hayan hombres eminentes en todos los ramos a resuelto formular algunas de mis ideas respecto de esta cuestión que pronto va resolver vuestra soberanía, dedicándome más bien a manifestar aquellas reflexiones que han nacido en mi mente de la comparación que he podido hacer de los diversos modos de administrar la justicia en las épocas presentes y de aquellos que he podido adquirir noticia por la historia de los tiempos pasados.

 

"Mis investigaciones han dado por resultado esta verdad en todos los tiempos y en todas las naciones no han existido, ni existen, más de 2 modos de administrar la justicia: El uno puesto en práctica en los países despóticamente gobernados, en donde juzga el monarca o sus delegados: El otro nacido espontáneamente de las instituciones en los países libres, en donde protege la inocencia y reprime el vicio el pueblo por sí o por sus representantes, o. Lo que es lo mismo, por medio del jurado.

 

"Y yo, señor, porque he visto la superioridad del último sobre el primero en las naciones donde está en vigor, y porque soy republicano y profeso la doctrina de la soberanía del pueblo, he dado mi preferencia al último.

 

" No es mi ánimo entrar en este lugar en un detalle minucioso de los abusos que pueden cometerse por los agentes del poder en el orden judicial en los asuntos puramente criminales y civiles que conciernan únicamente a aquellas personas, si las hay, que ningún motivo tengan para tener o esperar del jefe del estado o sus adictos. No hablaré aquí del sistema inmoral y perverso de los interrogatorio s en que el juez, sin más testigo que su conciencia y sin más guía ni freno que su experiencia de las cosas y de los hombres, apura con preguntas al acusado y a los testigos y les tiende lazos para hacerlos caer en contradicciones, del abuso que puede hacer del poder que la ley le concede para detener a un acusado en prisión o infringirle la horrible tortura de la de la incomunicación a su arbitrio, o más bien, impulsado por su temperamento más o menos activo, más o menos indolente; Ni me ocuparé en herir esa lentitud interminable de los juicios, la venalidad de los agentes secundarios, el precio que tiene la justicia, el secreto absoluto con que se maneja esta clase de negocios, el castigo tardío que más bien parece asesinato, y del interés que toma a veces el amor propio herido en hallar culpable a un acusado a quien no se puede confundir con su interrogatorio. Todos estos abusos son demasiado obvios y se presentan con demasiada frecuencia a la vista de todos para que se necesiten explayar más.

 

 "Ni me es dable el hacer saltar a la vista los demás inconvenientes que pueda tener la administración de justicia por medio del poder del ejecutivo, pues no llegan mis conocimientos hasta ese extremo, y yo con un escritor ilustre, confesaré que nada he podido comprender en una infinidad de procesos que he examinado con toda mi atención"

 

Congreso Constituyente de 1916

 

Este precepto se presentó como artículo 20 del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, cuyo texto puede ser consultado en el tercer antecedente.

 

En la 27a sesión ordinaria, se leyó el siguiente dictamen sobre el artículo 20 del citado proyecto.

 

"Ciudadanos diputados:

 

El artículo 20 del Proyecto de Constitución contiene innovaciones trascendentales que transformarán por completo el sistema de enjuiciamiento penal en toda la República, haciéndose más liberal y más humano. En virtud de estas reformas, quedará destruido para siempre el secreto con que se siguen los procesos en todos los tribunales, privándose así al acusado de los elementos para defenderse ampliamente. Si, el acusador, sea la sociedad por medio del Ministerio Público, o un particular, tiene libertad completa para acumular todos los datos que haya contra el acusado, es la mayor iniquidad que a éste se le pongan trabas para su defensa, cuando ya la privación de su libertad le coloca en una situación muy desventajosa respecto de la parte acusadora.

 

"El artículo establece la publicidad para todas las diligencias de un proceso; autoriza al acusado para presenciarlas, con asistencia de su defensor, si así le conviene, y obliga a los jueces a recibir todas las pruebas y a facilitar todos los datos que necesite el acusado. Pero, además, contiene el proyecto tres grandes innovaciones plausibles en él más alto grado, prohíbe que se obligue a declarar al acusado en su contra por medio de la incomunicación o por cualquier otro medio; Fija el máximo del término dentro del cual debe pronunciarse la sentencia en juicios del orden criminal, y pone la libertad bajo fianza al alcance de todo acusado, cuando el delito que se le impute no tiene señalada una pena mayor de 5 años. Las razones que justifican esas reformas están consignadas con toda claridad en el informe del C. Primer jefe que acompañó al presentar su proyecto de Constitución; en obvio de la brevedad, la Comisión omite transcribirlas.

 

Reforma a la fracción VIII del artículo 20 Constitucional.

 

Cámara de Diputados:

 

"En la sesión extraordinaria de la Cámara de diputados celebrada el día dos de julio de 1993, se dio lectura a la iniciativa del diputado Guillermo Pacheco Pulido, para reformar y adicionar los artículos, 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos..."

 

"Por lo que hace a la reforma que se propone para el artículo 20 de nuestro máximo ordenamiento, se considera conveniente sustituir en el primer párrafo la expresión juicio de orden criminal por proceso del orden penal, que sitúa de manera plena el momento procedimental en que las garantías que dicho artículo consagra y que deben observarse. De igual manera se sustituye el término acusado por el de inculpado..."

 

"La fracción VIII establecerá que la prisión preventiva no deberá exce-

der aquellos plazos salvo que la peligrosidad del inculpado la justifique"

 

"...Fracción VIII. La reforma en esta fracción contempla los plazos en que debe concluir un proceso penal, pero ya se ha mencionado, el derecho de plazo para que se llegue a dictar sentencia está subordinado al derecho de defensa del procesado, es decir, que los términos constitucionales debe correr a favor y nunca en perjuicio, menos cuando se trate de la oportunidad que la ley le concede para acreditar su Inocencia...

 

"...Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 20 y 119 y deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.."

 

"...VIII. Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y, antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa"

 

5. Criterios y Jurisprudencias

 

Si partimos del principio de no contradicción de la Constitución, tenemos que frente a la garantía de breve plazo, se encuentra la garantía de defensa, y la corte ha sido muy atinada al establecer que la garantía de defensa es de mayor jerarquía frente a la garantía de brevedad.

 

En resumen de los antecedentes mencionados, se puede mencionar que en antaño, en los procesos de naturaleza penal, tenían que enfrentar los procesados a un sin número de violaciones a sus derechos, hasta el grado, dicen los pensadores era preferible ser condenado pronto a la pena de muerte, que estar bajo los tormentos de un proceso de investigación de los agentes del Estado de que aquella época.

 

Las siguientes criterios, demuestran lo dicho con antelación, y dan testimonio de intentos de los jurisconsultos por dejar claro el sentido y alcance de la fracción del 20 Constitucional.

 

Octava época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CICUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo 1, segunda parte 1 de junio de 1988

Página, 231

 

DEFENSA, GARANTÍA DE, TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 20 constitucional señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; también lo es que si la defensa de un procesado ofrece a favor de éste diversas pruebas cuyo período de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en el plazo que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aún cuando se rebase el término el término ya señalado, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución a favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir la de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello de acuerdo con la mencionada fracción VIII del artículo constitucional aludido, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia.

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO

 

Amparo en revisión 10 l/88. Rafael Caro Quintero y Coagraviados. 25 de Mayo de 1988. unanimidad de votos. Ponente Alfonso Núñez Salas. Secretario Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.

 

Octava época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITP.

Fuente: Semanario judicial de la Federación

Tomo IX Mayo de 1992

Página 494

 

PROCESO PENAL, NO SE VIOLAN GARANTÍAS CUANDO SE REBASA EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA DICTAR SENTENCIA, SI ELLO OBEDECE A LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR PARTE DEL REO. Si bien es cierto, el artículo 20 fracción VIII, constitucional, establece que el reo debe ser

juzgado antes de un año, si se trata de un delito cuya pena exceda de dos años de prisión, lo cual constituye una garantía constitucional; También lo es, que tal plazo está establecido en beneficio del reo, por lo que sí éste para su mejor defensa ofrece pruebas, se reserva el derecho para seguidas ofreciendo, o no se han celebrado los careos constitucionales, debe concluirse que no puede cerrarse la instrucción sin haber desahogado las pruebas admitidas, ni celebrado los careos respectivos, ni mucho menos coartarse el derecho de ofrecer más pruebas por parte del reo, por el solo hecho de que ya se rebasó el aludido término, porque entonces se violarían las diversas garantías de defensa, previstas en las fracciones IV y V del dispositivo constitucional invocado, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, tienen mayor rango por proteger la defensa del acusado, que aquella que sólo tiende a la obtención de un Fallo en breve plazo.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO

 

Amparo en revisión 223/91. Alejandro Suárez Molina. 9 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria María Concepción Alonso Flores.

 

Por otro lado se tiene que también hay quienes consideran que si el juez no dio cumplimiento a lo establecido en la garantía de brevedad, debe ponerle en inmediata libertad, considerando que ha sido violado en su perjuicio este derecho. Es obvio suponer que ante dicha pretensión, no existe la posibilidad sistemática de reparar el derecho, e y en virtud de que ya se dictó sentencia, fuera de tiempo según esta garantía; y es justo lo que busca ésta, pues entonces ya no es dable en su beneficio la libertad frente a la sentencia condenatoria.

 

Las siguientes tesis narran con mayor precisión, porque no se restituye su derecho a una sentencia en breve plazo, al sentenciado. Dicho de otra forma, tenemos que lo que busca el procesado es que se dicte sentencia, si una vez dictada ésta se solicita se ponga en libertad, consideramos que no es correcta la pretensión, pues ya se tiene una sentencia, aunque desfavorable y en perjuicio, pero se tiene. Por otro lado tenemos que quien solicita el amparo de la justicia federal en virtud de que han violado en perjuicio del procesado la garantía de breve plazo, pues ya transcurrió más de un año y aún no se dicta ni a favor o en contra la sentencia, debe de dictarse de inmediato, siempre y cuando no estén pendientes de desahogarse pruebas o testimoniales a favor del procesado.

 

Sexta época

Instancia: Primera sala Fuente: Apéndice de 1995 Tomo: Tomo 11, SCJN Tesis: 267

Página 150

 

PROCESOS. TÉRMINO PARA CONCLUIRLOS. El concepto de violación del artículo 20 constitucional, fracción VIII, es inoperante si aunque sea verdad que el quejoso fue sentenciado después de los plazos que ese precepto establece, los hechos quedaron consumados de modo irreparable, y lo que quedaría sería únicamente el derecho del acusado para exigir a los funcionarios que incurrieron en esta omisión, la responsabilidad correspondiente.

 

Sexta época:

 

Amparo directo 4196/58. Domiti1o Rico Páramo. 24 de abril 1959. Cinco votos.

 

Amparo directo 3013/59. Jesús Mendoza Paz. 14 de agosto de 1959. Cinco votos.

 

Amparo directo 6873/58. Jesús Amaro Báez. 22 de marzo de 1960. Unanimidad de cuatro Votos.

 

Amparo directo 3458/59. Ramón Guerrero Manjares. 29 de junio de 1960. Unanimidad de Cuatro votos.

 

Amparo directo 6100/60. Belisario Valdez Moreno. 2 de diciembre de 1960. Unanimidad de Cuatro votos.

Octava época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCERCUITO Fuente: Semanario judicial de la Federación

Tomo VII, Mayo de 1991

Página: 257

 

PROCESOS. TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER. Si para la fecha en que fue presentada la demanda de Amparo por violación del artículo 20, fracción VIII, de la Constitución federal, el proceso ha estado en trámite por más de un año y no existen pruebas pendientes de desahogo por parte del reo quejoso, el amparo debe concederse a fin de que dicho proceso concluya en cuanto a él, aunque haya pruebas de un coacusado que aún estén pendientes de recibirse, dado que dicho proceso no excluye este caso de lo que categóricamente ordena.

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO

 

Amparo en revisión 33/91. Jesús Orozco Morfín. 12 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente J. Guadalupe Torres Morales. Secretario: Oscar Rogelio Valdivia Cárdenas.

 

Octava época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario judicial de la Federación

Tomo VI, Segunda parte-l,  julio a diciembre del 990

Página: 229

 

PROCESOS, SENTENCIA PENAL DICTADA DESPUÉS DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA CONCLUIR LOS. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CONSUMADA EN FORMA IRREPARABLE. No obstante que el juez de la causa se hubiese excedido en el término para sentenciar que para tal efecto establece el artículo 20 fracción VIII de la Constitución General de la República, lo anterior resulta insuficiente para otorgar el amparo, ya que se trata de una violación irreparablemente consumada, que por su naturaleza no puede dar lugar a reponer el procedimiento.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

 

Amparo directo 235/90. Eduardo Gonzalo de Cruz García. 3 de julio de 1990. unanimidad de votos. Ponente Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario José de Jesús Echegaray Cabrera.

 

Amparo directo 107/90.J osé  Antonio Varela Rojas. 24 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente José Manuel Marroquín Zaleta. Secretario José de Jesús Echegaray Cabrera.

 

La Pregunta sería ¿ y a partir de cuando se empieza a contar el término para el año? Desde luego sé trata de salvaguardar con la garantía de brevedad que el procesado no este en la incertidumbre sobre su situación jurídica. En este sentido es muy acertado el comentario de Jesús Zamora Pierce, al referirse a esta garantía.

 

"Fundamentalmente, porque sólo mediante procesos breves puede lograr la finalidad de que la pena sea ejemplar. A los ojos de la sociedad, la sentencia condenatoria que se dicta años después de que se comete el delito, más parece inútil crueldad que razonada sanción al acto que la comunidad ha olvidado ya. Accesoriamente el proceso breve disminuye los gastos que el Estado debe erogar el estado para el enjuiciamiento y encarcelación del acusado".

 

Las siguientes tesis también nos esclarecen lo referente al inicio del Cómputo del año para efecto de la presente garantía.

 

Quinta Época

Instancia:

Pleno Fuente: Apéndice de 1995

Tomo: 11

Tesis: 974

Página 613

PROCESOS, TÉRMINO DE LOS. La fracción VIII del artículo 20 constitucional establece a favor del acusado, la garantía que se le juzgue antes de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año, si la pena excediere de ese tiempo. El amparo que se enderece contra la violación consistente en que un proceso no se ha concluido dentro del término constitucional, no puede tener por efecto que se ponga en libertad al reo, sino sólo obligar a la autoridad responsable a que falle desde luego el proceso, absolviendo o condenando al inculpado.

 

Quinta Época:

 

Tomo IV, pág. 573. Amparo en revisión. Míreles Alberto. 12 de marzo de 1919 Unanimidad de nueve votos.

 

Tomo IV, pág 885. Queja. Arias Jesús y coag. 24 de abril de 1919 Unanimidad de diez votos.

 

Tomo IV, pág. 1239. Amparo en revisión. Romero Ernesto. 23 de junio de 1919 Unanimidad de once votos.

 

Tomo V, pág. 43. Amparo en revisión. Espinosa Pablo. 4 de julio de 1919. Unanimidad de diez votos.

 

Amparo en revisión 640/18. Figueroa Romo y Voltaire Carlos y Juan José. 20 de agosto de 1919. Unanimidad de diez votos.

 

6. Conclusiones

 

Se considera que para entender el alcance y sentido de una norma jurídica cualquiera que ésta sea, debemos en primer lugar echar un vistazo a la historia e investigar que fue lo que motivó a la creación de la misma. En muchas ocasiones nos salta a la vista como una chispa encendida de conocimiento su sentido y dimensión, por el solo seguimiento de la norma desde su creación hasta su estado actual, en otras ocasiones se hace necesario echar un vistazo más profundo y es cuando analizamos desde el momento de su discusión, es donde el diario de debates se convierte en el espíritu de esa norma jurídica.

 

No debemos olvidar los tipos de penalidades que se practicaban en antaño, como son el estrangulamiento, el descuartizamiento, la decapitación, la horca, la lapidación. En estos casos si podríamos decir que se hace necesaria la garantía de breve plazo, donde sujetemos a los órganos decisorios de esa época a dictar sus sentencias antes de un año y que lejos de considerar a la pena como un castigo por el delito, 10 convertimos en un tormento, que visto incluso desde el crisol de un pueblo sediento de justicia, ésta, por llegar tarde, se confunde con crueldad y tiranía.

 

Consideramos que el derecho debe ser justo, no una simple trinchera de la legalidad, pensar que derivado de la garantía de brevedad debe el juez poner en libertad al procesado una vez que ha expirado el término para dictar sentencia, es atentar contra los derechos de los ofendidos que ya bastante olvidados los tenemos en el proceso penal mexicano.

 

Debemos ofrecer soluciones más encaminadas a armonizar el derecho del inculpado con el ofendido.' A continuación presentamos un análisis que fue publicado en la página de Internet de la Barra Mexicana de Abogados, donde precisamente se refieren a la garantía de brevedad, pues uno de los temas discutidos fue el de " El proceso penal breve"

 

Con esta ponencia se discutió amplia y exhaustivamente, lo siguiente:

 

Que en el proceso penal mexicano debe observarse, por regla general, la garantía de brevedad, porque en ello están interesados el estado y el procesado. El primero, porque sólo mediante procesos breves puede lograr la finalidad relativa a que la pena sea ejemplar frente a la sociedad, dado que la sentencia condenatoria que se dicta años después de cometido el delito, lejos de resultar ejemplar, es inútil crueldad, que razonada sanción. Además, que accesoriamente el proceso breve, disminuye los gastos que se erogan para el enjuiciamiento y encarcelamiento del acusado. En cambio, el interés del procesado estaría encaminado a evitar molestias y descréditos que le impone un proceso lento, y obtener un rápido fin de la angustiosa espera a conocer si es declarado inocente o culpable

 

En virtud de lo anterior se estimó que la limitación de la prisión preventiva, unida a la lentitud del proceso, produce una inversión de los valores procésales y derechos humanos, porque con ello se cancela el principio de inocencia y se obliga a cumplir por anticipado una pena de la que se ignora si existe derecho a imponerla, por lo que la absolución posterior que se declara, resultaría inútil e injusta, dado que no repararía las molestias y la angustiosa espera a que fue sometido el acusado, hasta en tanto no conociera su situación jurídica.

 

En virtud del interés del Estado y del acusado en lograr un proceso penal breve y los beneficios que pueden obtenerse, se estudiaron los obstáculos que se oponen para lograr ese objetivo, se analizaron las cuestiones teóricas y prácticas involucradas y se propusieron reformas para lograr de la brevedad procesal una realidad, y no sólo un ideal, ajustando  el proceso a los límites y márgenes que establece nuestra carta Magna; Que el defensor, el ministerio Público y el juez actúen en las tres etapas habidas en el proceso penal ( ofrecimiento, preparación y desahogo d  pruebas, conclusiones y sentencias), dentro de los límites, plazos o términos que están previstos en los Códigos Procesales, salvo el caso de excepción, relativo cuando el acusado renuncie expresamente a la garantía de brevedad establecida en su beneficio, a efecto de no lesionar su defensa, que es de mayor jerarquía que aquélla, como así se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo LXXVI, página 3048, Informe 1970. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 888/69 ).

 

En aquellos casos en que el acusado renuncie a la garantía de brevedad, en aras de su mejor defensa, la abreviación en el proceso penal debe recaer sólo en las etapas de conclusiones y sentencia, en las que una vez agotado el desahogo de pruebas, se celebre, en breve plazo, una audiencia en la cual las partes formulen verbalmente sus conclusiones, y el juez pronuncie sentencia, disposición que tendría un beneficio adicional, consistente en imponer la oralidad en esta parte del proceso.

 

Que el defensor dada su experiencia en litigio penal, reúna durante el proceso todo el material necesario para formular conclusiones ( ejecutorias, argumentos etc. ), las cuales en su versión final debe redactadas durante el plazo que el juzgado le conceda para ello y antes de celebración de audiencia, mismas que inclusive además de formuladas oralmente, las presente por escrito, reforma que no constituye, literalmente hablando,una modificación esencial a lo previsto por nuestros códigos, dado que los artículos 308, 152 Y 307 del Código de Procedimientos Penales para el distrito federal y Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, contemplan la posibilidad de que las conclusiones se presenten oralmente en los casos previstos en dichas normas, que desde luego no se cumplen en los términos previstos, ya sea porque se renuncie al procedimiento sumario ha que se refiere el invocado artículo 308, o bien, porque no se presenten las hipótesis previstas en los artículos 152 y 307.

 

Que se formulen y presenten conclusiones oralmente, lo que no impediría su simultanea presentación escrita.

 

En cuanto a la sentencia, se destacó que en la práctica forense de nuestro país resulta imposible exigir, tratándose del procedimiento sumario, que el juez pronuncie sentencias en la misma audiencia, o dentro de un plazo de cinco días después de celebrada ésta como lo establecen los artículos 307 y 309 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, porque las sentencias se integran con resultándoos, considerándoos y puntos resolutivos, siendo los primeros únicamente una historia detallada de lo ocurrido dentro del proceso, que incluye la trascripción de todas las pruebas desahogadas, y por ello es la parte más voluminosa de la sentencia, lo que impide y obstaculiza pronunciar sentencias en la misma audiencia de ley.

 

Como consecuencia de lo anterior, se propuso y efecto de lograr la abreviación del procedimiento penal en la etapa de sentencia, en aras de una justicia expedita, que las sentencias contengan únicamente considerandos, puntos resolutivos y la fundamentación y motivación de lo determinado, sin que sea necesario incluir el capítulo relativo a resultandos, y en todo caso se concediera un plazo breve posterior para que en el engrose de la sentencia respectiva se agregue o incluya a ésta el capítulo respectivo a resultandos.

 

Como podemos observar existe una preocupación por parte de los abogados de hoy en día, que se interesan en buscar solución a las distintas problemáticas de la ciencia del derecho. Sin embargo no debemos caer en posturas radicales ni salidas fáciles que lo único que hacen es demostrar la poca capacidad que se tiene de dilucidar los problemas actuales con soluciones duraderas que permiten cumplir con el requisito de ver armonizados a la justicia con el derecho.

 

Regresemos al espíritu de la creación de ésta garantía, notaremos, si comparamos, al que tenemos frente a nosotros en este momento, que no es el mismo, que ni siquiera tiene aproximación; no se trata de un procesado que está incomunicado en un calabozo, tampoco un procesado que aún no ha sido escuchado, pero si se trata de uno que está trabajando en su defensa, así como del Ministerio Público que también esta activando la maquinaria jurisdiccional.

 

Debemos ser muy cuidadosos en opinar que esta garantía debe fortalecerse. Pensar en este sentido es una forma más de manipular al derecho en beneficio de las impunidades, pensar en que debe el procesado ponerse en inmediata libertad dado que un juez ya violentó su derecho al breve plazo es convertirse en cómplice, de una impunidad y atenta definitivamente con el derecho a tener un proceso justo.

 

7. Recomendaciones

 

Imaginemos a un procesado por el delito de violación a una menor, en el que todos los indicios lo señalan como el presunto culpable además de la declaración de la parte ofendida, peor aún, no es la única víctima presentaron declaración dos menores más que sufrieron la misma consecuencia. Pero resulta que este procesado contrató los servicios profesionales de un abogado quien haciendo uso de toda su astucia consideró que como el juez tardó más de un año en resolver debía omitir dictar sentencia pues el término para resolver ya se había extinguido y por tanto solicitaba a la justicia federal ordenará al juez de primera instancia pusiera en inmediata libertad a su cliente.

 

Si esto no es manipular el derecho a favor de la impunidad, entonces sólo me resta opinar en el sentido de que sea reformada la garantía, porque aún seguimos creyendo que el derecho debe ser justo, hay quien opina que no es correcta la interpretación que presentamos y argumentan que tal como sucede en los términos constitucionales de consignarlo al juez y a su vez el juez dictar el auto de formal prisión; de igual manera sucede con la garantía de breve plazo, así como en aquel ejemplo, en ocasiones se pone en libertad al indiciado, aún con fuertes indicios de culpabilidad, de igual manera debe ponerse en libertad al que está frente a la garantía de breve plazo y si el juez tardó más de un año debe ponerle en libertad aún cuando existan fuertes indicios en su contra.

 

Pensar en eso es llevar al derecho al sentido que bajo el concepto de legalidad solo encubrimos una evidente impunidad, mejor sería luchar porque cuando se trate de garantías del término de consignación o frente al juez, el auto de término, si éstas no cumplen con las formalidades del procedimiento, se sancione a los ministerios públicos y a los jueces, pero no dejar en libertad a los indiciados, porque por otro lado esto vulnera los derechos de los ofendidos.

 

No podemos opinar en el sentido de reformar la garantía de breve plazo, esto será ir en contra de toda una historia, el rumbo que ha tomado este precepto obedece a un logro de la sociedad en un momento determinado. Como no puede una norma explicarse, así misma, consideramos que la jurisprudencia debe desviar el sentido' hacia apercibimientos, amonestaciones incluso destituciones de autoridades jurisdiccionales, pero lo que no puede es convertirse en solapadora de impunidades.

 

Consideramos que una buena solución, podría estar en utilizar con más periodicidad lo referente a los artículos 127 fracción 1 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que rezan:.

 

ARTÍCULO 127.- Las faltas administrativas de los magistrados y jueces, serán:

 

1.- No dictar, sin causa justificada, las resoluciones que procedan en los negocios jurídicos de su conocimiento, dentro de los términos señalados por la ley.

 

ARTÍCULO 132.- Las sanciones aplicables a las faltas administrativas consistirán en:

 

1.- Apercibimiento.

II.- Amonestación.

III.- Multa.

IV.- Suspensión.

V.- Destitución del cargo.

 

Imaginemos a jueces, apercibidos, amonestados, multados, suspendidos, incluso inhabilitado s para desempeñar el cargo; la fracción 1 del 127 de la ley en mención es muy clara y estamos seguros que de aplicarse no estaríamos en estos momentos preocupados por la inoperancia de la garantía de la brevedad

 

Fuentes consultadas:

 

Bibliográficas:

·         Zamora Pierce, Jesús, Garantías y el Proceso Penal, novena edición, Editorial Porrúa, México, 1998.

 

De consulta periódica:

·         Derechos del Pueblo Mexicano, tomo III, Cámara de Diputados LVII Legislatura, México, 2000.

 

Informática:

·         IUS 2002

 

Paginas Web:

·         http://www.congresobc.gob.mx/

·         http://www.bma.org.mx/publicaciones/elforo/1992/1sem/conclusionespenal.html

·         http://www.cddhcu.gob.mx/

 

 

 

 

Normativa:

·         Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

·         Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Baja California.

·         Código Penal del Estado de Baja California.

·         Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California.