“Examen crítico de los Juicios Sumarios Civiles”

 

Lic. Armando Magdaleno Pérez

Introducción

 

El estudio que a continuación se aborda, tiene por objeto formular una propuesta concreta para la simplificación del proceso jurisdiccional regulado por el código de procedimientos civiles del Estado de Baja California, para lo cual se sugiere la derogación de los juicios sumarios civiles generales. Pretendiendo fundamentar lo anterior en la demostración de las incongruencias que dicha clase de juicios presenta frente a los conceptos jurídico procesales fundamentales y a los principios rectores del proceso civil. La importancia del estudio radica en que existe la imperiosa necesidad de eficientar el sistema de administración de justicia no solo desde el punto de vista cuantitativo sino cualitativo, estimando que la derogación de los juicios sumarios civiles generales, simplificarán el procedimiento jurisdiccional porque será menos equívoco; ya que los abogados postulantes y en general los justiciables verán despejado el escenario procesal. Robustece la convicción de las bondades de la propuesta el hecho de que en la mayoría de los códigos procesales de las entidades de nuestra república (CPCDF por decreto de 14 de marzo de 1973), los juicios sumarios civiles han sido derogados, por lo que desde estas líneas invito a los académicos y postulantes para pronunciarse sobre el tema, ya que otros desde hace más de treinta y cinco años se adelantaron en la actualización, en tanto que entre nosotros prevalece la inmovilidad jurídica sobre el punto, convencido de que la investigación activa redundará en la depuración de este esfuerzo y en la ulterior excelencia de la administración de la justicia Bajacaliforniana, a la cual le debemos todo lo que somos por lo que se merece nuestra consagración afectuosa.      

                                             

 

 

 

Preámbulo

         

Para estar en aptitud de emprender una reflexión jurídica seria, con aspiraciones propositivas sobre el tema de estudio de los juicios sumarios civiles, contemplados en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Baja California, resulta insoslayable examinarlos en la perspectiva general del derecho procesal, y para tal objeto, se impone destacar la causa y finalidad social del proceso como institución; ya que la congruencia o no de los juicios sumarios civiles con respecto a la causa y finalidad del proceso determina la justificación de su permanencia o de su derogación en nuestro sistema de derecho positivo.

 

          La causa eficiente del proceso en general, es la  necesidad de solucionar los conflictos humanos que se originan en la convivencia social.

 

          La finalidad del proceso consiste en garantizar que la composición de los conflictos se logre acorde con el postulado de la justicia; entendida más allá de su connotación general y abstracta, más bien como una virtud actualizada en el proceso jurisdiccional en concreto, en la medida que este se constituya como un instrumento eficaz y eficiente  para la investigación y obtención de la verdad histórica de la relación fundamental de cada juicio, en mérito de que la verdad encarna el presupuesto indispensable que permite dirimir los conflictos humanos conforme al derecho aplicable.

 

          Los juicios sumarios civiles fueron concebidos como instrumentos procesales, para la solución de las consabidas tardanzas propias del juicio ordinario civil, pretendiendo el legislador responder asertivamente a la exigencia social y constitucional de que los tribunales jurisdiccionales administren justicia emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

          Empero, en la práctica forense jurisdiccional del estado de Baja California, los juicios sumarios civiles no han servido al objeto para el que fueron creados, por el contrario, han agravado la problemática de las dilaciones en la administración de la justicia, porque la realidad muestra que no solo no evitan las demoras procesales, sino que muchas veces son mas tardados y complicados que los juicios ordinarios civiles, aunado al hecho de que resultan confusos en su estructura dialéctica, inciertos e incongruentes con respecto de la lógica jurídica procesal.

 

          El legislador, con un loable interés por imprimir celeridad a la solución de las controversias que por su naturaleza demandan urgencia, como son la mayoría de los casos de procedencia previstos en las diversa fracciones del artículo 424 del Código Procesal Civil del Estado de Baja California, confeccionó un procedimiento jurisdiccional caracterizado esencialmente por la contracción o fusión de las etapas procesales expositiva, probatoria y resolutiva, con la finalidad de abreviar la substanciación correspondiente, introduciendo adecuaciones para que la concentración procesal no fuera incompatible con las formalidades esenciales que todo procedimiento debe tener. Sin embargo, los juicios sumarios civiles acusan fallas estructurales y formales, por lo que tales juicios lejos de constituir instrumentos procesales de ágil composición de las controversias jurídicas, resultan ser procedimientos lentos, confusos y equívocos que redundan en una verdadera denegación del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República, relativo a la garantía jurisdiccional.

 

          Las fallas graves de los juicios sumarios civiles consisten en que la parte actora en su demanda debe ofrecer pruebas antes de que se fije la litis, lo que imposibilita que dichas pruebas puedan relacionarse con los puntos controvertidos que aún no existen; asimismo, tomando en cuenta que después de contestada la demanda, la parte actora ya no tiene oportunidad de hacer manifestación alguna respecto de la contestación, ni mucho menos ofrecer pruebas respecto de las excepciones, esto conlleva a que quede imposibilitada para contraprobar y gozar de una adecuada audiencia.

 

          A su vez, en los juicios sumarios, no es dable que la parte actora o la demandada ofrezcan la prueba confesional o la de declaración de parte, después de la presentación de la demanda o de la contestación respectivamente, atento al mandato imperativo del artículo 428 de nuestro enjuiciamiento civil, que constituye una regla especial que deroga a la general prevista en los artículos 303 y 314 del mismo ordenamiento. Se reitera lo anterior de conformidad con los artículos 88 y 432 del Código Procesal Civil del estado, ya que los juicios sumarios están citados para sentencia definitiva, desde que se cita a las partes para comparecer a la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y sentencia,

 

         También es inexacto que sea viable actualizar lo dispuesto en el artículo 429 del Código Procesal Civil, por cuanto a que la audiencia se celebre en los treinta días siguientes al emplazamiento y que en dicha diligencia se pronuncie el fallo definitivo como lo ordenan los preceptos legales suprainvocados, ya que el artículo 379 del cuerpo legal en consulta de aplicación preferente a los juicios sumarios civiles por mandato taxativo del numeral 435, se admite la posibilidad fáctica del diferimiento indefinido  del proceso; habida cuenta de que el preinvocado ordinal 379 permite el desahogo parcial de las pruebas admitidas, dejándose pendiente la práctica de aquellas cuyo desahogo no esté preparado, disponiendo que tendrá verificativo la continuación del desahogo, en otra audiencia que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes; pero nada dispone que pasará si ello no se cumple o si prevalecen las causas impeditivas del desahogo, por lo cual queda indefinida la duración de esta clase de juicios.

 

          De mantenerse la situación legislativa actual en nuestra codificación procesal local, respecto de los juicios sumarios civiles, continuará la incidencia de procedimientos ineficaces en detrimento de la prontitud y correcta administración de la justicia, perfilándose como consecuencia inminente de lo anterior, aunado al natural y progresivo incremento de los litigios debido al aumento de la población, en un recrudecimiento del histórico problema del rezago y congestionamiento judicial.

 

          Razón por la cual es conveniente simplificar la estructura y mecanismos procesales previstos en el código adjetivo civil del estado, derogando los juicios sumarios civiles, lo cual propiciará no solo una mayor dinámica en el proceso judicial, sino además permitirá a los órganos jurisdiccionales emitir resoluciones en forma pronta, completa e imparcial.

 

          Con el objeto de elaborar una investigación satisfactoria, que permita acceder al entendimiento y posterior solución de la problemática expuesta en líneas anteriores, resulta pertinente definir: ¿Qué tan conveniente resulta en la práctica la permanencia de los juicios sumarios civiles, en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Baja California? Para dilucidar el cuestionamiento anterior, previamente habrá que disipar las interrogantes siguientes:

 

         ¿Qué tan eficaces y eficientes son los juicios sumarios civiles para dirimir las controversias judiciales?

 

         ¿Qué tan congruentes son los juicios sumarios civiles respecto de la estructura lógica del proceso?

 

         ¿Qué tan viables son los juicios sumarios para obtener el debido cumplimiento de sus términos y plazos?

 

         Objetivo general: Analizar la conveniencia práctica de la existencia de los juicios sumarios civiles previstos en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Baja California.

 

         Objetivos específicos a saber:

 

1.1              de los juicios sumarios civiles

1.2              Analizar las características procesales particulares de los juicios sumarios civiles.

1.3              Analizar la estructura lógica de los juicios sumarios civiles.

1.4               Establecer las ventajas de la derogación de los juicios sumarios civiles.     

 

 

 

 

Justificación

 

En el sistema de administración de justicia existe un problema de rezago y en el ámbito de la materia civil, se origina en parte por el hecho de que los juicios sumarios civiles no satisfacen las exigencias de justicia que nuestra sociedad demanda, por carecer de los atributos de prontitud, certeza, sencillez y accesibilidad; razón por la cual se impone abordar el estudio propuesto, precisamente porque ofrece la expectativa de eficientar el proceso civil en general, permitiendo que el juicio ordinario civil sustituya al juicio sumario general, lo que redundará por sí mismo, en la simplificación, certeza, celeridad y uniformidad del mecanismo de administración de la justicia civil, toda vez que erradicará los inconvenientes técnico procesales de que adolece el juicio sumario civil, tal y como ha quedado corroborado precedentemente.

 

Marco Teórico

 

La teoría del problema planteado se integra fundamentalmente con las aportaciones doctrinarias de la escuela científica italiana del derecho procesal civil, cuya paternidad corresponde al insigne procesalista Giusseppe Chiovenda, y cuyo nacimiento se fija en 1903 cuando lee en Bolonia su disertación acerca de La acción en el sistema de los derechos[1], con razón reputada como el manifiesto de una nueva escuela. Sin desdeñar por supuesto a los destacados procesalistas de la escuela alemana precursores del derecho procesal. 

 

         El fundamento científico que amplia la descripción y entendimiento del problema es el conocimiento adquirido sobre los conceptos fundamentales de acción, jurisdicción y proceso, en que se basan la autonomía, la entidad y la identidad de la acción y de la relación procesal, porque lo anterior permitió concebir al proceso, no solo como un simple apéndice formulario técnico del derecho sustancial, sino como una disciplina científica autónoma de derecho público, conocida como derecho procesal civil.

 

         Como principales discípulos de Chiovenda, cabe mencionar a Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti, Enrico Redenti, Enrico Tullio Liebman, D´Onofrio y Lipari[2], casi todos ellos convinieron en las innovaciones chiovendanas de sistematización del nuevo derecho procesal, las cuales engendraron las tesis de la acción como “el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley”, conocida como teoría de la autonomía del derecho de acción, o la acción como derecho potestativo, como un derecho por sí mismo, diverso y desvinculado del derecho subjetivo y a la otra tesis concerniente a la relación jurídico-procesal como diversa de la relación jurídico-sustantiva, ya que la primera adquiere una calidad autónoma y compleja de derecho público.

 

         El estudio de los antecedentes doctrinarios anteriores, explica el área del fenómeno consistente en el problema de conveniencia o no de la derogación de los juicios sumarios civiles del Código Procesal Civil del estado de Baja California, porque cuando se visualiza el proceso sistemáticamente desde la perspectiva del principio de dialecticidad, nos ubicamos en aptitud de dilucidar la solución del problema, ya que podremos valorar si los juicios sumarios civiles cumplen o no, y en que grado, al propósito de solucionar las controversias jurídicas eficazmente para consolidar la paz social, a través de la realización del derecho material o sustantivo.

 

          En virtud de la doctrina señalada fue que por fin el conocimiento procesal alcanzó la categoría de ciencia y con ello se accedió al conocimiento sistemático del proceso, consolidando sus principios rectores como por ejemplo, el principio de economía procesal cuya finalidad es la de obtener la mayor eficacia con el menor esfuerzo, por lo cual en acatamiento de dicho principio, resulta conveniente diseñar un procedimiento lógico en congruencia con la dialéctica propia del mismo, lo que en la práctica se traduce en que cuando el proceso sumario civil se contrapone al principio expuesto, se pone de manifiesto su inoperancia y por ende, la conveniencia de su erradicación. Reiterándose que la demostración científica del problema planteado, así como de la solución que se propone, únicamente puede desarrollarse dentro del contexto doctrinal de la escuela de conocimiento mencionada al inicio del presente apartado.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1

Conceptos jurídico-procesales fundamentales

 

Conviene destacar la importancia de los conceptos jurídico-procesales fundamentales, porque éstos son el punto de partida del surgimiento y consolidación de la ciencia del derecho procesal en general, así como del entendimiento del proceso judicial en particular.         De ahí que en atención a que nuestro tema es el análisis de los juicios sumarios civiles, cuyo estudio corresponde al ámbito del derecho procesal civil; luego entonces, el conocimiento de los conceptos fundamentales en cuestión, resulta indispensable para ubicar nuestro objeto de estudio dentro del contexto de la disciplina del  derecho procesal civil, esto a fin de consolidar en términos científicos los resultados del trabajo que nos ocupa.

 

          Debe advertirse que si bien en la doctrina existen múltiples acepciones sobre los conceptos jurídico-procesales fundamentales, dicha reflexión escapa al propósito y alcance de este trabajo, por lo que mas allá  de las disquisiciones teóricas, para nuestro objetivo basta con brindar al lector aquellas definiciones que describen en términos prácticos y congruentes a las instituciones procesales que manejamos en nuestra práctica forense, pero sin perder de vista la esencia humana del derecho procesal que el tratadista Piero Calamandrei expresara cuando señaló que:

 

Por el contrario, el estudio del derecho procesal es el que más de cerca nos permite aproximarnos a recoger, y casi diría a auscultar, como hace el médico cuando apoya la oreja sobre el pecho del enfermo, la palpitación de la justicia; de esta aspiración, de esta esperanza, de esta voz misteriosa y divina que corre, más viva que la sangre en las venas, en el espíritu del hombre. Bajo los arcos del proceso, ya lo escribió con palabras inolvidables Giuseppe Chiovenda, recordando el monólogo de Hamlet, corre la riada inagotable de la suerte humana; nadie mejor que el procesalista, asomado a estos pretiles, puede recoger, si tiene oído para escucharlas, las voces que salen de los remolinos de esta corriente, este anhelo universal de justicia, y el dolor de la inocencia injustamente herida y la consolación de quien se da cuenta (porque también esto puede ocurrir a veces) que al final la fuerza ciega debe someterse a la razón desarmada. De estas victorias y de estas derrotas de la justicia, nadie como nosotros, de los que estudian el proceso, puede sentir el consuelo o la vergüenza[3].            

 

1.1 Concepto de acción

 

El vocablo proviene del latín actio, movimiento, actividad, acusación dicho vocablo tiene diversas acepciones jurídicas, la más destacada es la que le otorga el sentido propio que se refiere a su carácter procesal. La acción procesal puede concebirse como el poder jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos[4].

     

           La investigación y la consecuente evolución del concepto de acción, ha prohijado la consolidación del derecho procesal como rama autónoma del derecho en general. Por ello huelga abundar sobre la importancia del tema, así como de las diversas acepciones que a través del tiempo se han forjado acerca del concepto examinado.

 

          Conformémonos con señalar que la teoría de la acción tiene como contenido principal el debate entre los partidarios de la autonomía, frente a los postuladores de la fusión de la acción con respecto del derecho subjetivo. La oscilación doctrinaria se ilustra en la síntesis que refiere el autor Humberto Briseño Sierra cuando expuso:

 

 Después de estudiar las diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción, José Alberto Dos Reis, o sean la del derecho concreto a la tutela jurídica que defendieron en Alemania Wach, Stein, Holder, Gieke, Hellwig, y en Italia Fedda, Simoncelli y Menestrita, por la que se le concibe como el derecho a una sentencia favorable; la del derecho potestativo, que tiene como principal defensor a Weismann en Alemania y a Chiovenda en Italia, y que consiste en el poder jurídico de poner en movimiento las condiciones necesarias para la realización del derecho objetivo; y la del derecho abstracto de obrar, concepto que fue enunciado en Alemania por Degenkolb, en Hungría por Plósz, y es vigorosamente defendida en Italia por Alfredo y Ugo Rocco, por la que se entiende que la idea de que la acción es un derecho contra el Estado, o mejor dicho, un derecho para con el Estado, derecho abstracto que pertenece a todo hombre por el simple hecho de tener personalidad jurídica, y que es enteramente independiente de los derechos sustanciales que se pretende hacer efectivos en juicio[5].

 

          Sentado lo anterior, parafraseando al autor Rafael Pérez Palma es dable afirmar: Lo que por acción se entiende en la actualidad, es un concepto complejo, formado por la función de dos derechos: uno, de orden civil, por el cual el acreedor tiene la facultad de obligar a su deudor al cumplimiento de la obligación y otro, de orden público, por el que las partes tienen el derecho de acudir ante un juez y exigir de éste, que intervenga para que, de acuerdo con la ley, imparta justicia, haciendo efectivos el o los derechos de orden civil que los interesados discuten[6].

 

          Finalmente, conforme a lo expresado podemos exponer una definición del concepto procesal de acción, invocando al tratadista en consulta cuando estableció: “Con estos antecedentes, podría definirse la acción, diciendo que es el derecho o la facultad que otorga la ley, por el que se acude ante el órgano jurisdiccional, para que éste, siguiendo el procedimiento que la ley establece, haga efectivos los derechos de orden civil, que las partes deduzcan en el juicio[7].” Concluyendo que la importancia de la acción estriba en que constituye el instrumento procesal mediante el cual la persona peticionaria de justicia convierte en realidad concreta su derecho prometido por la norma jurídica, pues todo derecho que no pueda ser reivindicado a través de la acción no es más que una sombra vana de justicia.

 

1.2 Concepto de jurisdicción

 

La jurisdicción es la función de los órganos del Estado para conocer y resolver a través del proceso, los litigios planteados por las partes y, en su caso, ordenar se ejecute lo resuelto o juzgado. Para poder entender el concepto de jurisdicción, así como su importancia, es necesario conocer su origen y necesidad, que no es otro que el que precisara el autor clásico José de Vicente y Caravantes cuando expuso:

 

La Justicia existe por sí misma, como luz y como verdad; ha sido además grabada por Dios en nuestra conciencia por medio de la recta razón, destello sublime de la ley natural. Esta luz divina bastaría para guiar al hombre en el uso legítimo de sus derechos, á no hallarse nublada por el denso velo que arrojan sobre su inteligencia la mala fe y bastardas pasiones. Ha sido, pues, necesario prestar á la justicia un apoyo material y exterior, aplicando á todas las relaciones y necesidades sociales los principios de la ley natural que fijan sus consecuencias: ha sido, pues, preciso presentar la justicia bajo una forma sensible para que existiera en medio de la sociedad como ley escrita, y esto es lo que se ha verificado con el establecimiento de las leyes positivas que determinan los derechos y deberes de cada uno. Pero no siendo estas leyes mas que seres de razón, y los derechos que por ellas se fijan ó determinan, mas que abstracciones puramente intelectuales, inertes, sin movimiento y sin vigor por sí mismos, las mejores leyes hubieran sido impotentes en estado de vana teoría, para la mayor parte de los hombres, puesto que solo hubieran sido observadas por los pocos que respetasen voluntariamente las prescripciones de la moral y del derecho: así es, que si se hubiese abandonado la aplicación de las leyes á la mera voluntad y arbitrio de los particulares, si cada cual hubiera tenido la facultad de hacerse justicia por sí mismo, no hubiese consultado mas regla que la de su propio interés propio, organizándose de esta suerte el caos y minándose las bases fundamentales de la sociedad. De aquí, pues, la nueva necesidad de revestir estas leyes de una sanción que las diera actividad y vida y eficacia, para que fuesen obedecidas y respetadas, y de establecer los medios necesarios para hacer entrar en las vías de la justicia todos los intereses particulares que se combaten, y para imponer á las pasiones desordenadas un freno que las contuviese y reprimiera. Esta sanción se encuentra en la institución de una autoridad ilustrada é imparcial, con la potestad necesaria para aplicar las leyes y con la fuerza suficiente para llevar á efecto esta aplicación; de una autoridad revestida del poder de determinar las relaciones de los actos ó de los contratos en los casos en que hay controversia sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, con las disposiciones de las leyes, para decidir y juzgar cuáles son aquellos á que estas favorecen, cuáles los que han infringido las disposiciones legales, y para aplicar la sanción civil ó penal que en ellas se establece; de una autoridad con la potestad de intervenir en los actos que fijan derechos que afectan el interés público, para revestirlos de la solemnidad debida y vigilar por la observancia de las leyes sobre los mismos. Y tal es la potestad que se conoce con el nombre de jurisdicción, así á la que la ejerce se le ha dado el nombre de autoridad judicial. Esta autoridad, revestida de la jurisdicción necesaria, es la que da vida y pone en acción las prescripciones legales; la que hace prevalecer los derechos del mas débil sobre el mas fuerte: á la que asegura el imperio de la ley y de la paz entre los ciudadanos; la que forma la moral pública, separando de la sociedad á los que la quebrantan con sus acciones criminales, y en una palabra, esta autoridad tutelar, órgano y sacerdote legítimo de la ley, es la que asegura al hobre con su egida protectora, su libertad, su fortuna, su existencia misma, al paso que conserva el orden, la paz y la prosperidad públicas[8].

 

          En el orden sistemático de los conceptos jurídico-procesales fundamentales, el concepto de jurisdicción constituye la premisa de los demás, porque no es dable concebir la acción ni el proceso sin la jurisdicción como función que desarrolla el estado cuando administra justicia; es decir, que para que podamos hablar de la existencia de una acción así como de su eventual ejercicio generador del proceso jurisdiccional, es un requisito sine qua non que preexista una formulación legal que consagre la función del poder del juez, a través de los órganos jurisdiccionales. Consecuentemente podemos acoger como definición de jurisdicción, la propuesta por el autor José Becerra Bautista cuando dice: “es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida[9].”     

 

          A través de los anales de la doctrina procesal, podemos afirmar que la jurisdicción, se traduce en el acto por el que el juez substituye la actividad privada por la pública, y declara la voluntad de la ley con efecto obligatorio para las partes contendientes. De ahí que la jurisdicción es un atributo de la soberanía del Estado-juez por medio de la cual, siguiendo la línea de pensamiento del autor acabado de citar, realiza la vigencia efectiva de la norma jurídica violada, puntualizando que las características de la función jurisdiccional son: a) la facultad decisoria; b) la facultad de coerción y c) la facultad de documentación, detallando que ésta última entraña que las actuaciones están revestidas de fe pública. Asimismo cabe destacar que la actividad jurisdiccional la realiza el estado por mandato constitucional, a través del poder judicial tanto federal como estatal, ajustándose para ello a las formalidades esenciales del procedimiento, cuya nota diferencial con respecto de la actividad legislativa y ejecutiva consiste en que en la función justiciadora el gobernado tiene una posición de igualdad entre las partes, debiéndosele oír ampliamente en su defensa y solo después de ello, se le podrá afectar en su esfera jurídica, por ello con razón se reconoce al poder judicial como el poder apacible y humano que siempre aspira escuchar al justiciable en su defensa, antes de ordenar cualesquier acto de afectación, sin la amenaza de contar con fuerza pública propia como de quien busca imponerse por la virtud y el fuero de la razón desarmada y pacificadora.

 

1.3 Concepto de proceso

Debemos entender por proceso como el conjunto de actos y hechos jurídicos mediante los cuales órganos jurisdiccionales dirigen y deciden los litigios. El autor Giuseppe Chiovenda dice: “El proceso civil es el conjunto de los actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley (en relación con un bien que se presenta como garantizado por ella), por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria.[10]De lo anterior se infiere que el proceso implica una actitud de las partes y del juez tendiente a la obtención de una resolución vinculativa. Es decir, el proceso es el conjunto de actos de las partes y del juzgador que se originan en virtud de la potestad del estado de hacer justicia: (potestad jurisdiccional), y la potestad del particular de pedir y tener justicia: (potestad de accionar), por ello de alguna manera la acción y la jurisdicción se actualizan a través del proceso, manifestándose y desarrollándose progresivamente hasta alcanzar respectivamente su objeto, evidenciándose de esta suerte su estrecha vinculación complementaria e interdependiente. Pero además de lo expuesto, debe decirse siguiendo el pensamiento de Piero Calamandrei, que el proceso es una serie de actos que se cruzan  y se corresponden como los movimientos de un juego: de preguntas y respuestas, de réplicas y contrarréplicas, de acciones que provocan reacciones, suscitadoras a su vez de cotrarreacciones todo ello con el fin de arribar a la verdad histórica que permita dirimir la controversia conforme a la norma o a su interpretación jurídica aplicable al caso concreto como única opción de actualización de la justicia.

 

1.4 Principios fundamentales del proceso         

 

Son los principios generales del derecho procesal, que se traducen en aquellas verdades jurídicas notorias indiscutibles de carácter general, a saber:

   

 Principio dispositivo: rige en forma predominante pero no absoluta, se manifiesta en diferentes aspectos: permite a las partes disponer del proceso y del derecho sustancial controvertido. Se actualiza cuando:

*      Las partes fijan el objeto del proceso.

*      Las partes fijan el objeto de la prueba.

*      Solo las partes están legitimadas para impugnar las resoluciones del juzgador.

*      La cosa juzgada solo surte efecto entre las partes que han participado en el proceso.

 

Subprincipios en general:

*      Igualdad de las partes: idéntica situación frente a juez.

*      Contradictorio: audiatur et altera pars, que la parte demandada debe ser emplazada legalmente a juicio.

*      De la economía procesal: desarrollo con la mayor optimización de tiempo, esfuerzo y gasto.

*      Principio de adquisición procesal: Una vez desahogadas las pruebas, el material probatorio es común a todas las partes.

*      Principio de inmediación procesal: Implica que el juez debe presidir directamente frente a las partes los actos procesales.

*      Otros Principios: Principio inquisitorio, oralidad y de forma escrita.

*      De la eficacia procesal: que la duración del proceso, no debe redundar en perjuicio del vencedor, por lo cual, la sentencia debe retrotraer sus efectos al momento en que se entabló la demanda.

*      De protección: posibilidad de pedir la nulidad procesal, solo cuando haya quedado en estado de indefensión alguna parte.

*      De eventualidad: los actos procesales deben realizarse en el tiempo que la ley establece.

*      De publicidad: diligencias públicas, es decir, pueden ser presenciadas por terceros y que los expedientes pueden ser revisados por las partes y sus autorizados. No así por terceros.

*      De congruencia: el juez debe juzgar en base a lo probado y alegado y nada más sobre hechos controvertidos.

*      De concentración: todas las cuestiones litigiosas deben resolverse en la sentencia, sin que el proceso se suspenda.

*      De convalidación: si el acto procesal nulo no es impugnado se convalida.

*      De consumación procesal: las facultades procesales se extinguen una vez que han sido ejercitadas, sin que pueda repetirse el acto realizado.

*      De interés para obrar: que se justifique una pretensión válida conforme a una norma.

 

1.5 Objeto del proceso

 

También conocido como petitum, que a su vez se subdivide en: inmediato y mediato.

 

*      Objeto inmediato: Actuación de la ley, (providencia favorable). Es decir que lo que la accionante en principio busca es obtener una resolución favorable a sus pretensiones.

*      Objeto mediato: Aquel a cuya consecución tiende la actuación de la ley, (el bien cuyo goce satisface el derecho). O sea la cosa concreta que se pretende obtener con el proceso, si se reclama la entrega de un bien como dinero será este precisamente.

 

La exposición del presente capítulo nos permite tener una idea general del derecho procesal, cuya importancia para los efectos del estudio radica en que con ello podremos acceder a la comprensión del análisis critico a que se constriñe el trabajo; ya que para entender las deficiencias estructurales de los juicios sumarios civiles es imprescindible conocer los conceptos fundamentales y principios del derecho procesal a fin de visualizar las contradicciones e incongruencias lógico procesales de que adolecen los procedimientos aludidos.

  

Capítulo 2

Los procedimientos civiles

 En el capítulo que nos ocupa se propone abordar el estudio concreto de los procedimientos civiles, que aunque si bien desde una perspectiva general, si emprenderemos una labor de cotejo entre las dos formas más conocidas de enjuiciamiento civil, las cuales son a saber: el juicio ordinario civil y el juicio sumario civil. Estimando que con el ejercicio anterior podremos reconocer la conveniencia del juicio ordinario ante las deficiencias del sumario.

 

2. 1 Generalidades y antecedentes históricos      

El derecho procesal de la Nueva España es aquel que tuvo vigencia durante la época colonial, aclarando que el de origen precortesiano poco influyó con posterioridad a la conquista, debido a que se aplicó en forma muy restringida solo a través de su reconocimiento por las leyes españolas. En tres ámbitos: a) las leyes castellanas vigentes en el virreinato, las dictadas con carácter general para los diferentes territorios americanos, y las específicas para la Nueva España; b) junto a este conjunto legislativo subsistió en parte el derecho autóctono, ya que la Recopilación de 1680 confirmó las leyes y las buenas costumbres de los indígenas anteriores a la conquista, con tal que no fuesen contrarias a la religión católica y a las Leyes de Indias, y c) finalmente, la citada Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, promulgadas por Carlos II el 18 de mayo de 1680.

 

         El derecho procesal de México independiente no obstante que fuera proclamada la independencia, siguió aplicándose en México los cuerpos legales castellanos, y tras algunos intentos de reforma de alcance limitado, entre ellos el proyecto de ley de 1838 para el arreglo de la administración de justicia, se promulgó el 4 de mayo de 1857, la ley de procedimientos, también de inspiración española y que era a un tiempo orgánica, procesal civil y sólo en un sector regulaba la materia procesal penal. A partir de entonces se expidieron los códigos que podemos considerar como modelos tanto en materia procesal civil como penal; así como la parte relativa al enjuiciamiento mercantil y el castrense. En el primer sector, podemos citar los códigos de procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales de 9 de diciembre de 1871, 15 de septiembre de 1880, y de 15 de agosto de 1932. Por lo que se refiere a la esfera nacional, los códigos procesales civiles de 6 de octubre de 1897 y 26 de diciembre de 1908.

 

2.2    El procedimiento ordinario civil       

 

El procedimiento ordinario civil es la estructura típica sobre la cual históricamente se han substanciado las controversias judiciales, su connotación de ordinario obedece al hecho de que su conformación es de carácter plenario, es decir, que consta de las etapas expositiva o postulatoria, probatoria o demostrativa, resolutoria e impugnativa y de ejecución inclusive, perfectamente definidas y separadas, prescindiendo de concentraciones y restricciones extraordinarias. Confirmándose lo anterior a través del pensamiento de connotados doctrinarios hispanoamericanos cuando expusieron: “a) Al examinar la teoría del proceso se ha dicho (véase Fundamentos de derecho procesal, núm 4.4.5.4) que el juicio ordinario es la forma común de tramitación de la litis, en tanto que los juicios especiales tienen un trámite distinto según la naturaleza de la cuestión en debate.[11]   

 

2.3   El procedimiento sumario civil

 

El procedimiento sumario civil en contrapartida respecto del ordinario, como su nombre lo indica tiene una connotación de brevedad, agilidad o prontitud. Su nota diferencial radica propiamente en que su estructura presenta concentraciones en las etapas procesales y acortamientos en los términos para que las partes lleven a cabo los diversos actos procesales. En efecto, en el procedimiento sumario civil encontramos fusionadas la etapa expositiva o postulatoria con la etapa probatoria; habida cuenta de que en los escritos de demanda y contestación las partes deben ofrecer sus pruebas. Asimismo advertimos una drástica abreviación cronológica en la oportunidad para realizar los actos procesales, toda vez que por ejemplo en un procedimiento ordinario civil el demandado dispone de nueve días para contestar la demanda, en tanto que en el procedimiento sumario civil solo cuenta con cinco días para el mismo propósito, amén de que cuando se apela una sentencia definitiva pronunciada en un trámite ordinario, la alzada se admite en ambos efectos, o sea en los efectos devolutivo y suspensivo, en tanto que en el trámite sumario, la apelación únicamente se admite en el efecto devolutivo, lo cual redunda en que en tratándose de juicios ordinarios no podrá ejecutarse la resolución recurrida, mientras que en el sumario si podrá ejecutarse previa garantía en los términos contemplados por el artículo 685 de nuestro enjuiciamiento civil.

 

 

 

2.4              Análisis comparativo

 

Básicamente como bien puede inferirse de las particularidades esbozadas de cada uno de los procedimientos reseñados, encontramos que el objetivo esencial es el mismo, es decir, dirimir las controversias de contenido jurídico. Sin embargo, confrontadas las estructuras procesales salta a la vista la concentración de las etapas, así como el acortamiento en los términos en el procedimiento sumario civil, lo cual redunda en su defectuosa estructura lógica, ya que como se asentó precedentemente, la fusión de las etapas procesales expositiva y probatoria trastoca el fin esencial del proceso porque resulta absurdo que en la etapa postulatoria, o sea previo a la fijación de la controversia, se obligue a las partes a ofrecer pruebas ya que si atendemos al principio de que las pruebas gravitan en torno a la litis es ilógico que se pretenda que antes de que se configure la litis se oferten pruebas respecto de situaciones indefinidas.

 

CAPÍTULO 3

LOS JUICIOS SUMARIOS CIVILES

        

 En este capítulo se pretende examinar de manera individualizada a los juicios sumarios civiles, con la finalidad de corroborar las aseveraciones críticas vertidas en el contexto del presente trabajo, puntualizando que lo anterior se infiere del análisis de los antecedentes y características propias de los procedimientos en cuestión, en otras palabras podemos afirmas que en el proceso de surgimiento y evolución legislativa de los juicios sumarios civiles se advierte el germen causante de su ineficacia procesal.

 

3.1              Antecedentes históricos

 

Los juicios sumarios encuentran su origen en la época del renacimiento y surgieron como una respuesta al abrumador cúmulo de disposiciones procesales en aquellas causas de poca importancia o bien en aquellas de índole especial que no permitía trámites largos, sobre todo ante la exigencia comercial de las ciudades de la cuenca del mediterráneo y el desarrollo de los negocios en los medios urbanos. A nuestro derecho llegó la innovación de los juicios sumarios civiles a través de los ordenamientos procesales españoles, que aún después de nuestra independencia, el Estado mexicano mantuvo en vigencia hasta la entrada en vigor de nuestros propios ordenamientos de procedimientos civiles de la segunda mitad del siglo XIX, reorientándose la razón filosófica en que se fundan los juicios sumarios, en el sentido de que ya no se caracterizarían por su poca importancia, sino por la gravedad para los litigantes por depender a veces su subsistencia del resultado del litigio, evitando con ello que las partes abandonen su derecho ante la denegación de una justicia tardía.

 

3.2     Concepto y naturaleza

          Caravantes define a los juicios sumarios, también llamados extraordinarios, como “aquellos juicios o procesos que por la forma o estructura en que están normados pueden considerarse más breves y acelerados, pudiendo ser orales, escritos o mixtos[12]”.

 

La naturaleza jurídico procesal de los juicios sumarios civiles es la de los juicios orales, habida cuenta de que el artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles del estado, dispone: “Las reglas del juicio ordinario y en especial las del Capítulo VI del Título Sexto, se aplicarán al juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente capítulo.” Reiterándose lo expuesto porque el capítulo y título referido corresponden al de recepción oral de las pruebas cuyo inicio en el cuerpo normativo en consulta coincide con el artículo 379.

 

Lo anterior no significa que los juicios sumarios civiles prescindan de ingredientes del sistema escrito de recepción de pruebas, ya que desde la demanda, contestación y demás constancias integrantes quedan asentadas en piezas de autos, por lo que conviene precisas que los juicios examinados son preponderantemente orales.

 

3.3          Causas y objetivos

          Las causas consisten en la necesidad y exigencia social de otorgar una administración de justicia rápida, sobre todo en aquellos casos urgentes en que están de por medio intereses vitales de los justiciables como alimentos, custodia de menores, riesgos a la vida e integridad de las personas provenientes de obras nuevas o peligrosas y en general en todos aquellos casos enumerados en el artículo 424 de nuestro enjuiciamiento civil.

          El objetivo de la institución procesal examinada corresponde a su causa, es decir, a la aspiración del legislador de dotar a los órganos de jurisdiccionales de una herramienta que permitiera emitir resoluciones en forma pronta en congruencia con el postulado consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

 

3.4          Características esenciales

          Son las siguientes:

a)               Los juicios sumarios civiles son procedimientos preponderantemente orales; sin embargo poseen atributos de escritura, ya que no obstante lo dispuesto en los artículos 430 párrafo segundo y tercero, y 435 del Código adjetivo civil,  el diverso numeral 427 estatuye que el juicio sumario se inicia, por lo general, con el escrito de demanda, enfatizando la alusión al escrito de demanda.

b)              En los juicios sumarios civiles no puede otorgarse término extraordinario de pruebas, atento a lo dispuesto taxativamente por el artículo 435 párrafo segundo del Código Procesal Civil. Inclusive se reitera lo anterior, porque si conforme al precepto en cita en esta clase de juicios tienen aplicación preferente las reglas del capítulo VI del Título Sexto del código, relativas a la recepción oral de probanzas; luego entonces quedan excluidas las reglas de la recepción escrita de pruebas a que se refieren los artículos 296 y siguientes de la codificación multicitada.

c)               Las pruebas en los juicios sumarios civiles deben ofrecerse en los escritos que fijan la controversia como lo ordena el artículo 428 del código de la materia.

d)              Solo son admisibles las excepciones de compensación y la reconvención, cuando éstas, en razón de su objeto o materia son ejercitables en la vía sumaria, acorde a lo previsto en el artículo 435 párrafo tercero del código de procedimientos civiles del estado de Baja California.

e)               Las apelaciones en los juicios sumarios civiles solo se admitirán en el efecto devolutivo y nunca en el preventivo, esto conforme al artículo 700 del código procesal civil local.

f)               En los juicios sumarios civiles la falta de personalidad opuesta como excepción o incidentalmente, no suspende la tramitación del procedimiento atento a lo dispuesto en el artículo 431 del código procesal civil

g)              La sentencia definitiva debe pronunciarse al final de la audiencia de pruebas y alegatos, y excepcionalmente cuando se tratare de pruebas documentales voluminosas a más tardar dentro de los tres días siguientes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 432 en relación con el 87 párrafo segundo y 88 del código procesal civil.       

 

3.5          Realidad y efectos forenses

               Los juicios sumarios civiles en la práctica diaria de los tribunales no cumplen con la razón por la que fueron creados, por el contrario, representan por así decirlo un escollo y hasta motivo de ardid técnico procesal, porque considerando que la jurisprudencia definida por el más alto tribunal de la nación ha establecido que el ejercicio incorrecto de la vía por si solo redunda en una violación de garantías, con ello se plantea que la multiplicidad de vías procesales conllevan al riesgo de incoar juicios viciados además de inadecuados para el efectivo conocimiento e investigación de la verdad y que por paradoja procesal resultan lentos.

 

3.6          Propuesta concreta y conclusión

               La conclusión del presente examen crítico culmina con la propuesta de derogación de los juicios sumarios civiles generales previstos en nuestro código de procedimientos civiles del estado de Baja California. Lo anterior como corolario de las múltiples incongruencias y contradicciones que pugnan en contra de la naturaleza y principios esenciales del derecho procesal civil y que se dejaron enunciados en el apartado respectivo del presente trabajo, pudiendo sintetizarse en los siguientes:

a)      Es un error lógico y jurídico que en el juicio sumario civil la parte actora deba ofrecer pruebas antes de que se fije la litis, porque no pueden relacionarse con una controversia que aún no surge, y que por ende, se desconocen sus pormenores fácticos.

b)      Pugna en contra de las formalidades esenciales del procedimiento y en particular del principio de igualdad procesal, el hecho de que la parte actora en el juicio sumario civil no pueda ofrecer pruebas después de que la demandada conteste la demanda, porque queda imposibilitada de contraprobar los hechos en que se sustentan las excepciones, y por lo tanto queda indefensa en este aspecto.

c)      En los juicios sumarios existe la restricción probatoria relativa a que no se puede ofrecer la prueba confesional y la de declaración de parte en los términos de los numerales 303 y 314 respectivamente del código procesal civil, porque el artículo 428 del código en cita establece como regla especial que deroga a la regla general anterior, que en los juicios sumarios las pruebas se ofrecerán en los escritos que fijan la controversia. Además como razón reiterativa cabe destacar que los juicios sumarios civiles están citados para sentencia desde el auto admisorio porque fijan fecha para celebración de la audiencia que conforme a los artículos 88 y 432 es audiencia para desahogo de pruebas, alegatos y sentencia.

d)     No es cierto que en los juicios sumarios civiles se pueda celebrar la audiencia en los términos del artículo 429 del código procesal civil, es decir, en los treinta días siguientes al emplazamiento y que en la misma se pronuncie el fallo, porque dado el cúmulo de asuntos es inviable que el emplazamiento se practique oportunamente y menos que en la audiencia se pronunciare el fallo. Además el artículo 379 es erróneo porque permite el diferimiento indefinido de la audiencia ya que no resuelve el frecuente problema de persistencia del impedimento para el desahogo de una probanza, como por ejemplo la tardanza en la diligenciación de exhortos, remisión de documentales etcétera.   

 

          

 

BIBLIOGRAFÍA

 

ALCALÁ, ZAMORA Y   CASTILLO, Estudio de teoría e historia del proceso, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001.

 

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PÉREZ, PALMA Rafael, Guía de Derecho Procesal Civil, Segunda edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1970.

 

 



[1] Niceto Alcalá-Zamora, Etudios de teoría e historia del proceso, Editorial Jurídica Universitaria, México, D.F. 2001, p 75.

[2] Giusseppe Chiovenda, Instituciones de derecho procesal civil, Editorial Jurídica Universitaria, México, D.F. 2001, p xxvi.

[3] Piero Calamandrei, Derecho Procesal Civil, Oxford University Press, México, 2000, p 230.

[4] Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa, México, 2002, tomo I, p 48.

[5] Humberto Briseño Sierra, Derecho Procesal, Oxford University Press, México, D.F. 2005, p 474.

[6] Rafael Pérez Palma, Guía de derecho procesal civil, Cárdenas Editor,  México, 1970, p 3.

[7] Ibid, p 5.

[8] José de Vicente y Caravantes, Tratado de los procedimientos judiciales en materia civil, Ángel Editor, México, 2000, p 161 y 162.

[9] José Becerra Bautista, El proceso civil en México, Editorial Porrúa,  México, 1999, p 5.

[10] Giuseppe Chiovenda, Instituciones de derecho procesal civil, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, p 22.

[11] Hugo Alsina, Derecho procesal civil, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, p 2.

[12] José de Vicente y Caravantes, Tratado de los procedimientos judiciales en materia civil, Ángel Editor, México, 2000, Tomo II, p 541.